El virtual presidente electo fija las bases constitucionales del cambio verdadero

Reconocido por Andrés Manuel López Obrador como los cambios trascendentales del país han sido la Independencia, las Leyes de Reforma y la Revolución mexicana, la cuarta transformación que propuso durante su campaña electoral tiene que ver con el cambio de régimen político, el fin de la corrupción y la impunidad, la renovación de la vida pública y la construcción de un verdadero Estado Democrático, este ha presentado a la opinión pública las primeras 12 reformas constitucionales al Poder Ejecutivo en las que habrá de sustentar esos cambios, así como las 50 propuestas de austeridad y de conducta intachable dirigidas a todos los gobernadores, senadores, diputados federales y locales electos de Morena y sus alianzas, dan certeza y claridad de que eso va en serio.

En las modificaciones constitucionales que habrá de presentar al nuevo Congreso de la Unión están: 1. Una ley reglamentaria para aplicarse en los tres poderes que modifique el artículo 127 para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República; 2. La reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública; 3. Modificar el artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por corrupción y suspender por completo fueros y privilegios de funcionarios públicos; 4. Reformar la ley para considerar como delitos graves y sin derecho a fianza la corrupción, el robo de combustibles y fraude electoral en cualquiera de sus modalidades.

En el punto 5. Elaborar la ley de ingresos y del Presupuesto 2019 bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda; 6. Hacer la reforma correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional; 7. Revertir el decreto de la privatización del agua de Peña Nieto; 8. Revocar las leyes de la llamada reforma educativa; 9. Establecer en el tercero constitucional el derecho a la educación pública, laica y gratuita en todos los niveles escolares; 10. Establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y las consultas ciudadanas con carácter vinculatorio; 11. Aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza del país; y 12. El cambio en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura de la alta burocracia del gobierno para ajustarse al Plan de Austeridad Republicano que habrá de implementarse.

Asimismo, delineó con precisión los 50 lineamientos de austeridad y combate a la corrupción, dentro de los cuales fue claro que la Fiscalía General de la República contará en los hechos con absoluta autonomía sin recibir consigna alguna del presidente de la República; que la fiscalía electoral garantizará que las elecciones sean limpias y libres, que prevendrá, investigará y sancionará la compra del voto, la coacción, la amenaza y el uso del presupuesto público; que las fiscalía anticorrupción será garante de evitar ese mal y podrá actuar con absoluta libertad y castigar a quien cometa un delito, trátese de quien se trate, de igual modo será obligación de todo funcionario presentar su declaración de bienes patrimoniales y de su familia y esta será pública y transparente.

En cuanto a la austeridad, se precisa que el presidente ganará 40 por ciento de lo que percibe Peña Nieto sin ningún tipo de compensaciones y que nadie ganará más que él; no habrá adquisiciones de autos nuevos ni de computadoras, no habrá caja de ahorro especial, nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados, se prohibirá la utilización de vehículos oficiales para asuntos particulares, no se podrán contratar familiares, no se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo, no se adquirirán mercancías de manera innecesaria y las adquisiciones necesarias se harán de manera consolidada y se suprimirá toda partida para gastos médicos privados.

De importante manera se observa que serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo que se utilice para ocultar fondos públicos que pretendan evadir la legalidad y la transparencia, se reducirá drásticamente el servicio de choferes y guardaespaldas; se disminuirá en 70 por ciento el personal de confianza al centralizarse programas y estructuras de oficinas de gobierno que duplican funciones. De igual modo, se reducirá el gasto de publicidad del gobierno y la comunicación oficial se concentrará en una sola unidad de prensa; ningún funcionario público podrá ocupar de manera particular a trabajadores al servicio del Estado ni tendrá a su servicio a policías o militares y menos podrá cerrar calles de manera arbitraria.

Finalmente, dentro de otras muchas propuestas estas incluyen: la cancelación de las pensiones millonarias a los expresidentes de la República, que la residencia oficial de Los Pinos se convierta en un espacio para el arte y la cultura; resalta de manera importante que los contratos de obra pública del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU, la eliminación de la partida en el presupuesto a disposición de diputados y senadores para acabar con la vergonzosa práctica de los llamados moches. Esos lineamientos deberán de tener plena observancia en los tres órdenes de gobierno y para los legisladores locales y federales.

Quienes formamos parte de esa mayoría que recibimos el mandato de las urnas de un cambio de fondo, asumimos con plena responsabilidad ese plan de austeridad, de conducta intachable y honesta, misma que acatamos y aplicaremos sin duda poniéndonos al escrutinio de todos los ciudadanos ¡La cuarta transformación va!

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