El Nuevo Sistema de Justicia Penal sigue siendo una buena coartada para explicar las fallas en la seguridad pública y procuración de justicia a nivel local y nacional. El propio gobernador Omar Fayad sostiene que tal sistema ha sido el responsable de que quienes delinquen transiten por el sistema de procuración de justicia como si se tratase de una puerta giratoria. Y bajo el mismo razonamiento, el director jurídico de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) Carlos Arozqueta dijo en entrevista con este diario que la huída del exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo se debía a fallas en el nuevo sistema que deben ser corregidas. Otro de los casos que demuestran que el sistema garantista debe ser revisado es lo que sucede con los huachicoleros, quienes más tardan en ser atrapados que en lo que salen debido a que la extracción ilícita de combustible no es delito grave. Incluso, la bancada de Morena en el Senado de la República ya plantea elevarlo a grave porque se trata de un delito que creció exponencialmente en el sexenio de Enrique Peña. Tan solo, según un conteo llevado a cabo por El Universal, se calcula que el actual sexenio terminará con 40 mil tomas clandestinas de combustible. Es decir, en resumen, el aprendizaje del Nuevo Sistema de Justicia nos está costando muy caro a los mexicanos. De filón. La renta de edificios para oficinas del gobierno estatal costó, durante dos años y medio, 161.5 millones de pesos; tan solo el primer semestre de 2018, la Sedeco, el registro público de la propiedad, la Secretaría de Turismo y la de Desarrollo Social pagaron más de 1.5 millones de pesos en renta, cada uno. Y si el gobierno hace un programa de sustitución de oficinas rentadas, ¿no habría ahorro aunque sea a largo plazo?

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