La desmemoria del pueblo, madre de la impunidad

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HOMBRE

Entre el mar de noticias que diariamente ocupan los titulares de los periódicos, noticieros de radio, televisión y medios digitales, se desvanecen temas que la opinión pública no debería perderle la pista para evitar se olviden en el “archivo muerto” como es el caso de corrupción que le costó la vida a dos personas por el socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca.
Este asunto que ya casi nadie recuerda ante el escándalo desatado por el gobierno de Estados Unidos al vincular al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez en una red criminal integrada por 22 mexicanos que, a través de 42 empresas, presuntamente lavaban dinero del narcotráfico.
La atención de la opinión pública y de los medios de comunicación se volcó al caso de Rafael Márquez y Julión Alvárez, cuyas cuentas bancarias y propiedades en el vecino país del norte fueron “congeladas” y decomisadas, respectivamente.
Sin embargo, en el caso del Paso Exprés de Cuernavaca todavía hay muchos puntos que aclarar en torno a la participación y grado de responsabilidad del “intocable” Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Hasta ahora ni el titular de la SCT, ni las empresas constructoras del Paso Exprés, ni el gobierno de Morelos, nadie, absolutamente nadie, es responsable de la muerte de las dos personas que cayeron el socavón y que fallecieron sepultados por toneladas de lodo por el “tortuguismo” de los cuerpos de rescate.
La semana que concluye, la Secretaría de la Función Pública tuvo conocimiento de las conclusiones y opinión técnica emitida por el Grupo de Profesionales Independientes. Tres ingenieros expertos responsables de elaborar el peritaje del Paso Exprés (a la muerte) señalaron la existencia de fallas en la supervisión, diseño y verificación del tramo donde se produjo el socavón, en todas sus etapas.
Establecieron que el socavón que se produjo el pasado 12 de julio fue producto de una alcantarilla dañada que tuvo que ser cambiada por la empresa coordinadora del proyecto, Sistemas Avanzados en Computación de México (SAC SA de CV), además de la falta de supervisión por parte de la SCT en la obra.
Con base en lo anterior, Ruiz Esparza tiene responsabilidad en dicha tragedia producto de la corrupción, de los acuerdos en los “oscurito” entre las dependencias del gobierno federal y las empresas constructoras, mismas que reciben millonarios contratos por obra pública mal hecha, inacabada y con un precio elevado, pues hay que recordar que el Paso Exprés costó a los ciudadanos más de 2 mil millones de pesos, cuando originalmente se había presupuestado en poco más del mil millones de pesos.
La pregunta es: ¿Quién o quiénes se beneficiaron del aumento del precio de esta obra que colapsó a poco más de tres meses de haber sido inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto? El presidente hasta ahora no ha movido ni un dedo para destituir a Ruiz Esparza del cargo, a efecto de que sea sujeto a una investigación exhaustiva que deslinde responsabilidades y fije, en su caso, las sanciones penales y administrativas conducentes.
Hasta a hora solamente un funcionario, el exdelegado de la SCT en Morelos José Luis Alarcón Ezeta, ha sido destituido por la tragedia que causó la muerte de dos personas, sin embargo, es evidente que existe responsabilidad de servidores públicos de mayor jerarquía, como es el caso de Gerardo Ruiz Esparza, porque el delegado destituido ni modo que se mandaba solo.
Pero como sucede con todos los casos en los que hay una responsabilidad directa del gobierno federal, sus operadores intervienen para que los medios de comunicación “le bajen” y el asunto se diluya en el mar de escándalos, aprovechándose la corta memoria de los ciudadanos, para que el caso vaya a parar al “archivo muerto” como el asunto de los periodistas asesinados, el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los feminicidios en el Estado de México, la Casa Blanca presidencial, entre otros.
Ante un pueblo desmemoriado y dominado por el alud de escándalos noticiosos, la impunidad seguirá campeando en México.

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