La relación entre proveedores y gobierno es un camino espinoso que debe regularse para evitar conflictos de interés. Por esa razón, durante ya varios procesos electorales, empresariado y sociedad civil han impulsado la famosa y polémica ley 3de3 que busca, precisamente, evitar que quienes lleguen a algún cargo público tengan algún conflicto de interés que sesgue o distorsione su desempeño. Este diario encontró que Sergio Baños Rubio, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, fue proveedor de varios partidos durante el pasado proceso electoral local, aunque principalmente lo fue del Revolucionario Institucional (PRI) que llevó al triunfo al actual gobernador electo Omar Fayad Meneses. La controversia aquí radica en si un proveedor del partido que llevó al triunfo a Fayad puede ser al mismo tiempo encargado de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del equipo de transición del Poder Ejecutivo estatal. La Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo no aborda un conflicto de interés como el que nos ocupa. Indica, por ejemplo, que durante su participación en ese proceso, los integrantes del comité no podrán sustraer información ni tomar posesión de bienes antes de la entrega-recepción formal. Además establece que en el desarrollo de sus actividades, quienes pertenezcan a ese comité no podrán ocupar más de cinco horas hábiles diarias, en el espacio que les sea asignado. Explica que las personas que trabajen en ese encargo no percibirán retribución alguna con cargo al erario público del estado, de los organismos públicos autónomos, del ayuntamiento ni de sus entidades. Pero no menciona ni restringe la participación de algún proveedor del partido que llevó al poder al, en este caso, gobernador electo. Falta indagar si la ley de servidores públicos o la orgánica del gobierno estatal establecen algún candado para regular la inclusión de proveedores de los partidos políticos o del propio gobierno estatal en cargos públicos y en particular como integrantes del gabinete. Si no existe tal regulación, sería pertinente que las y los próximos diputados locales discutan la posibilidad de reformar las citadas leyes. Más vale prevenir futuras controversias o conflictos de interés. De filón. La promesa del gobierno federal, respecto a que el precio de la gasolina ya no variaría como parte de los beneficios de la reforma energética, quedará en el museo de las frases que nunca debieron decirse. Como la que lanzó en su tiempo José López Portillo, cuando dijo que defendería el peso como un perro, ahora Peña cargará con esa promesa no cumplida el resto de sus días.

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