Tres meses después de la explosión en la localidad San Primitivo, en Tlahuelilpan, que dejó 135 víctimas mortales, apenas nos estamos enterando de la dimensión de daños y costos que dejó la tragedia. Según la evaluación del impacto social y económico, elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero costó 72.6 millones de pesos. Tal cifra, según Cenapred, puede desglosarse de la siguiente manera: atención de la emergencia, 11.7 millones de pesos; atención médica, 36.9 millones; acompañamiento del gobierno, 1.7 millones; y daños a los sectores productivos, 22.3 millones. La cantidad quizá pueda parecer modesta cuando pensamos en los miles de millones que requieren las grandes obras que son llevadas a cabo en el país. Pero para un municipio en donde viven poco más de 18 mil personas, cuya mayoría se dedica al campo o al comercio y donde además 55 por ciento de sus habitantes se encuentra en situación de pobreza, debe ser un duro golpe del cual no se levantarán tan fácilmente. Vistos los daños económicos, las víctimas, los heridos, los 170 menores en orfandad, los esfuerzos que hacen los gobiernos parecen insuficientes. Y lo peor, conforme pasa el tiempo la tragedia se va olvidando sin que aún sean sanadas las heridas. De filón. La desaparición de Fernando Escareño Flores, cuyo paradero se desconoce desde el pasado sábado tras caer al río Tula en un balneario de Chilcuautla, es una muestra de la descoordinación entre todas las autoridades del estado, incluyendo las municipales y estatales. Ya mejor los familiares fueron a su propia entidad, el Estado de México, para ver si desde lejos obtienen mejores resultados en la búsqueda de su familiar perdido. Seguramente así será.

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