El gobierno mexicano, desde sus instituciones, cada vez va estrechando más las rutas del diálogo y ensanchando el descontento del sector cultural; es más grande el cinismo y la demagogia que las aperturas al diálogo y las rutas de la democracia directa o participativa que pregonan desde el púlpito de Palacio Nacional.

Los parlamentos abiertos se han convertido en el instrumento ideal que ya desde el nombre abre todo un abanico de posibilidades de supuesta participación, una forma democrática de relación de la ciudadanía con el Congreso y cuyos principios son la transparencia, el acceso a la información, pero sobre todo la participación de los ciudadanos en la creación de leyes.

En papel y en palabra es una utopía hecha realidad, pero en la acción es una farsa que, desde lo mediático y no lo real, el gobierno de la cuarta transformación hace parecer como un ejercicio “democrático e histórico” en el que se están tomando decisiones a modo, de manera discrecional y discriminatoria. Primero, al Parlamento “abierto” no cualquiera tiene acceso, se necesita invitación o algún tipo de tráfico de influencias para poder estar presente ya no digamos debatir. Segundo, se escuchan propuestas, se recogen y la última palabra la sigue teniendo el legislativo donde las diputadas y diputados alineados a los intereses personales o de partido y la mayoría de los casos limitados a su conocimiento sobre los distintos temas que se traten, proceden a darle trámite a conveniencia.

Es decir, se vuelven jueces y partes, contraviniendo además, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, lo estipulado en su Constitución que indica que para que proceda una iniciativa ciudadana se necesita el cero punto trece por ciento de firmas de la lista nominal de electores. Sin embargo, los diputados no necesitan conseguir firmas, ni consultar a nadie para aprobar una ley y simulan consultar a través de los parlamentos abiertos.

El caso del Parlamento Abierto de Cultura que organiza la comisión de cultura y cinematografía de la Cámara de Diputados es uno de los ejemplos más evidentes. Un Parlamento que se convoca cuando los diputados quieren reformar algo, pero no cuando la comunidad artística cultural y la ciudadanía exigen reformas en la materia. Un parlamento que pregona su apertura, pero en el que no se puede participar, solo observar y si se consigue el acceso. Una reunión de trabajo donde la escasa participación de la comunidad artística y cultural es prácticamente para defenderse de las ocurrencias y estupideces de los diputados que en materia legislativa implementan mayoritariamente, para responder a intereses individuales, comerciales y hasta trasnacionales como el caso de la Ley de Cine que le abre las puertas y se pone de tapete a los intereses de Hollywood por encima del cine nacional y promovido por el diputado Sergio Mayer.

En pocas palabras el Parlamento abierto es un mecanismo, que disfrazado de democrático, se utiliza para abonar a la demagogia y continuar fortaleciendo el imaginario social de un país que se “transforma” y ahora sí es democrático. En el caso del de cultura, también con la complicidad la marquesa de Tlaxcala, Alejandra Frausto, secretaria de cultura, pregonan que la cultura es un pilar de “transformación” pero utilizan a la comunidad artística y cultural del país como los bufones de la corte y en esta emergencia sanitaria la ponen a competir por la sobrevivencia, violando derechos humanos fundamentales. Siguen los recortes a cultura y ahora amparados y justificados por un decreto presidencial inconstitucional en el que, ante los apoyos que demanda la comunidad artística y cultural para paliar la crisis, le quieren aplicar el recorte del 75 por ciento al capítulo 3 mil para prestadores de servicios y no la aplicación, por ejemplo, del capítulo 4 mil de apoyos directos para el desempeño y sostenimiento de sus actividades. Y así evadirse de la responsabilidad que tienen con el sector cultural en medio de la pandemia.

La farsa del parlamento abierto continuará hasta que se les demande por la vía legal el cumplimiento de los derechos culturales y humanos establecidos en la Constitución y tratados y convenios internacionales.

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