Motivado con la idea de comenzar algunas reflexiones sobre el concepto gobernabilidad, las cuales servirán de guía a otras líneas temáticas, el propósito de este texto es mostrar algunas diferencias entre lo que se entiende por gobernabilidad y gobernanza. A lo largo de la historia es común encontrarlos como conceptos equiparables en el caso de organizaciones como el Banco Mundial, cuyo uso, no obstante, es asumido como una de las raíces del término gobernabilidad. La gobernabilidad es la capacidad de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas de los que forma parte. En otras palabras, la gobernabilidad es la capacidad de un sistema socio-político para auto-reforzarse; mientras la gobernanza es el proceso de interacción entre los actores estratégicos. Esto quiere decir que la gobernabilidad implica una correlación entre necesidades y capacidades a través de las instituciones. En este orden de ideas, la gobernabilidad dependerá tanto de la calidad de las reglas de juego como de la influencia sobre ellas. Por tanto, a mayor gobernabilidad mayor capacidad institucional de satisfacción de necesidades. La diferencia es sutil pero fundamental, si se trata de dar cuenta de la implementación de una política pública desde una perspectiva institucionalista, pues mientras la gobernabilidad se refiere a la capacidad de respuesta técnica y política que tiene el Estado a las demandas de la sociedad, la gobernanza tiene que ver con la calidad de la respuesta que ofrece el Estado, el entramado institucional que soporta la respuesta, el momento en que aparece y todos los requerimientos que la respuesta amerita. De lo anterior, se entiende porque la gobernabilidad depende, entre otras variables, de la gobernanza, pues la calidad del gobierno o la efectividad de su respuesta obedece necesariamente a la manera como están organizados y el poder relativo de los actores y organizaciones, y hacia el interior del entramado institucional, así como a su pueblo, su gente toda, para determinar a quién, cuándo y cómo responder a los aspectos determinantes en los resultados generados con la intervención estatal y la generación de confianza y legitimidad en la sociedad. En este punto conviene hacer una breve referencia a la distinción, entre la dimensión analítica y normativa de la gobernabilidad. La primera entiende el término como la capacidad de un gobierno para formular e implementar decisiones públicas, es decir, hace referencia a las condiciones necesarias y suficientes para que las instituciones políticas transformen de manera efectiva las demandas o necesidades en políticas o regulaciones. Por su parte, la visión normativa asocia la gobernabilidad con mayores niveles de democracia y bienestar, dado que por medio del ejercicio de la democracia se canalizarán de mejor forma las demandas ciudadanas y las políticas públicas se verán reflejadas en términos del desarrollo humano, asimismo para examinar con más precisión su uso adecuado, donde se proporcionen resultados cada vez más satisfactorios. Es como lo hemos dicho en lo anteriormente citado y escrito por un servidor, la intención de las políticas públicas es buena, tenemos un presidente y un equipo de personas muy preparadas para hacer esto –como nunca antes lo habíamos tenido– pero ¿qué sucede? Claro, al ir bajando en el escalafón de gobierno, y de todos los entreveros que tiene que pasar un asunto de este nivel para su correcta y buena implementación, se molestan ciertos intereses creados que se oponen, también se provoca, como en todo cambio, un recelo ante lo nuevo, incluso si es para mejorar la vida de las mayorías, un grave retraso por afectar muchos pequeños (nefastos) cotos de poder, y que, lo sabemos, son las acciones corruptas y de dinero entre lo que hay que darle al jefe de los permisos, luego todos los demás, y hasta el que contrata a los taqueros para las obras –si de infraestructura se trata– o el que limpia la oficina porque la reunión de trabajo se alargó. Ya tenemos que entender en México, y como última oportunidad para hacerlo, que eso es en gran medida lo que no permite que las grandes decisiones de políticas públicas lleguen a su aplicación plena. Dejémonos de esos “moches” y seamos más grandes, México merece mucho más que pasarle su lanita a la seño –la que lleva años haciendo ese tipo de cobros ilegales– pero que por hacer algo más rápido le damos su propina, el país es más grande y merece que seamos de su altura, tenemos un presidente que ha tomado medidas y ha hecho reformas que por primera vez van más allá de su sexenio, muchas de ellas no rendirán frutos hasta dentro de 25 años, pero ¡lo ha hecho bien! Y yo todavía no conozco a nadie que se decida a hacer algo para que salga mal, ¿usted sí? Pues claro que no. Defendamos lo nuestro y al gobierno de la República, que amén de todo es el que tenemos por ahora, después, después ya veremos, ¿vale?

Comentarios