Iván Espino, Martha Gaona y Roberto Zapata

El “acontecimiento” como experiencia, pretende ser regulado por proposiciones de carácter jurídica, consecuencia lógica del proceso creativo en el poder público; la pretensión de ello, ha variado a través de la historia; en todos los casos, se ha propuesto mantener una relación estrecha entre la artificialidad del Estado versus la realidad, ya sea para reconocer derechos, establecer límites, fijar competencias, erigir instituciones, proyectar procedimientos o validar otras normas; dicho de otra manera, la norma jurídica aparece como un sistema regulador o transformador de lo que ocurre o de lo que ocurrirá.

Será preciso mostrar, que la norma jurídica está integrada por: lenguaje el cual usa un medio de comunicación escrito propio de los seres humanos, integrado de significados, entre muchos otros, prescriptivos o directivos, tales como obligar, prohibir o permitir, teniendo en cuenta que –como lo pensó Jaime Cárdenas– el lenguaje siempre es contextual, cultural, histórico y se usa y emplea al interior de contextos históricos y morales, contextos que le dan sentido y significado, a causa de que una sociedad se compone por comunicación, lo que permite la existencia de sistemas sociales y la interacción con el entorno, acorde con Niklas Luhmann: “Solo podemos sobrevivir de la interacción con los demás”. Si esto es así, los significados de las prescripciones normativas no solo han de iluminarse con la luz de los contextos que motivaron su creación, sino que a su abordaje para interpretarlas han de colocarse, a modo de lente, los contextos del acontecimiento al que se intenta aplicar, aún lo anterior; es bueno decir que la norma no siempre fue escrita, motivo por lo cual, lo antes estipulado aplicaría a la modernidad.

Lo dicho hasta aquí, supone que si el lenguaje se nutre y cobra sentido al interior de la cultura y de la historia y la norma jurídica está integrada por lenguaje, ésta solo se comprende desde contextos. Hay que mencionar, además, las palabras no tienen significados intrínsecos o esenciales en relación directa con las características de las cosas que nombran y que los significados de las palabras no son descubiertos sino que son asignados, es decir, las cosas y el acontecimiento no solo son elegidos por el poder público para regularse por éste, sino que es entendido y nombrado desde su propio contexto. Por tanto ¿Las cosas y los acontecimientos regulados guardan el mismo significado para todos los seres humanos a los que va dirigido? Supongamos por ahora que no, entonces, las palabras y las definiciones codificadas no reflejan de manera universal las propiedades esenciales de los objetos que representan.

Ahora bien, la función de la argumentación jurídica es la de alcanzar un delicado equilibrio que permita la coexistencia pacífica de contextos y significados muy diversos, obedientes a diferentes culturas, de forma que la interpretación y aplicación no dañe la estructura cultural y al mismo tiempo integre decisiones en un marco de confianza y convivencia entre los individuos y la sociedad obligados a su observancia, dado que las operaciones de argumentación implican relacionar parte del todo y entender diferentes conexiones de significado, y no hacerlas literal al contexto de la codificación, ello permite la validez de la norma jurídica y la presencia del Estado para el logro de valores generalmente aceptados, como la dignidad, la equidad y la libertad.

Por consiguiente, Jürgen Habermas estima que la argumentación no es un simple encadenamiento de proposiciones sino un tipo de comunicación, de interacción humana, en donde los participantes se someten a sí mismos a la coacción no coactiva del mejor argumento para poder llegar a un acuerdo o consenso sobre la validez o no de las pretensiones que han sido problematizadas. Así que, la realidad guarda intimidad con la norma jurídica y ésta con el lenguaje, en vista de que es necesario generar un discurso que permita ordenar o controlar la manera en la que el creador y el aplicador de la norma se aproxime a la realidad para regularla o transformarla, por medio de la ecuación calculada por don José Ramón Cosío Díaz: “Hay un texto, el cual es interpretable, pero además de las interpretaciones tenemos que hacer un determinado tipo de operaciones jurídicas que deben tener cierta consistencia, en otras palabras, cierta estructura”.

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