La alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán respondió a la exsecretaria de Finanzas Nuvia Mayorga, quien argumentó en entrevista que la venta de áreas públicas a particulares en el fraccionamiento capitalino Valle de San Javier fue legal pues atrás de esa acción existió un decreto publicado por el Ejecutivo estatal en 2010. Tellería explicó que no es legal que las áreas verdes del fraccionamiento San Javier hayan cambiado su uso de suelo teniendo como sustento un decreto del gobierno estatal. Eran públicas, recordó, y eso se tiene que respetar. Aunque la alcaldesa no explicó la causa de por qué no es legal, algunos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo nos pueden dar alguna luz al respecto. Por ejemplo, a la secretaría, que en el pasado se llamó de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y que hoy es denominada de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial le corresponde, según el apartado XIV, “coordinar la comercialización de terrenos urbanizados, para proyectos de interés social y beneficio colectivo, ya sea directamente o a través de terceros”. Aquí cabe la pregunta: cuando el gobierno decretó vender las áreas verdes de San Javier, ¿hubo participación de la secretaría encargada? ¿Qué interés público o social tuvo esa venta? Luego, el artículo 75 de esa ley, aprobada en 2007, establece que las acciones de conservación y mejoramiento de los asentamientos humanos deben buscar “la protección ecológica de los asentamientos humanos”; y, muy importante, “la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, servicios urbanos y actividades productivas”. ¿El gobierno del estado, autor del decreto que permitió la venta de áreas públicas, promovió el cumplimiento al artículo 75? Cuestión de seguir buscando en la ley para darnos cuenta de que el primer interesado en preservar su cumplimiento, fue el primero en transgredirla. Así las cosas en nuestro estado. De filón. Uno de los argumentos que sostiene al Nuevo Sistema de Justicia Penal es el de la necesidad de reducir el gasto penitenciario. En nuestro estado, por si no lo sabía, nos gastamos más de 3 millones de pesos mensuales en alimentos para cerca de 4 mil personas que están recluidas en el sistema penitenciario estatal.

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