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Cada día y cada vez más, los derechos de los públicos de los medios de difusión masiva son mencionados, reconocidos y establecidos en algunos medios públicos y privados. Sin duda, la importancia de los alcances de los contenidos respecto de los receptores de medios en la actualidad pareciera que toma su lugar. Contra esa apariencia y/o creencia, las medidas oficiales, gubernamentales, respecto al tema son contrarias y adversas al fortalecimiento de esos derechos que no por “recientes” son poco trascendentes en lo que es una sociedad democrática o equilibrada.
Los casos en la región latinoamericana lo evidencian: Argentina, México y hoy Colombia. En Argentina, la defensoría del público, creada en 2012 por la Comisión Bicameral en cumplimiento de la Ley de Medios, nombró a Cynthia Ottaviano, quien fungió como titular de noviembre de 2012 a noviembre de 2016. Su gestión posicionó bien y fuerte los derechos de las audiencias en ese país y tejió lazos fuertes con países latinoamericanos, entre ellos México, para empujar las prerrogativas de ley de los públicos de medios, sin embargo, de forma contradictoria y absurda la defensoría desde hace 19 meses ha quedado acéfala luego de la salida de Ottaviano.
En México, basta recordar la Ley de Telecomunicaciones, tan debatida y tan rechazada porque justo abatió la ganancia de los derechos de las audiencias y mermó la autonomía del Instituto de Telecomunicaciones. Esta se aprobó en 2015 y uno de los aspectos esenciales se refería a los derechos de las audiencias que quedaron contemplados en los títulos décimo primero, De los contenidos audiovisuales; décimo quinto, del régimen de sanciones, y décimo sexto, de los medios de impugnación.
En diciembre de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los lineamientos generales sobre las defensorías de las audiencias, que de alguna manera resguardaba la calidad de la información y establecimiento formal y real de los derechos del público. Sin embargo, en octubre de 2017 lejos de perfeccionar esa ley en materia de derechos se dio una contrarreforma aprobada por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, que modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión favoreciendo los intereses comerciales de las empresas de comunicación y anulando derechos ganados a favor de las audiencias como la información plural e incluyente de grupos marginados; se anuló la distinción entre información, opinión y publicidad; se obvió el resguardo de contenidos sensibles a la niñez y a la equidad de género y, sobre todo, se renunció a la función vigilante y de sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y al mandato de imparcialidad e independencia para designar a titulares de la defensoría de audiencias.
En Colombia, hace unos días se propuso un proyecto de ley que pretendió crear un regulador convergente e independiente para el sector TIC y audiovisual, el cual fue rechazado y afortunadamente retirado del Congreso, compartió el defensor del canal TRO Mario Mantilla. Esa medida legal buscaba la convergencia de medios, desaparecía la autoridad nacional de televisión y los recursos de la televisión pública quedaban diluidos y no se especificaba cómo se manejarían lo que ponía en riesgo la autonomía constitucional en cuanto al papel de la televisión pública y su función social y formativa de audiencias; además de no representar ninguno de los intereses y propuestas de televidentes, minorías, organizaciones civiles y defensores de la libertad de expresión. El gobierno concentraría todo ese poder y representaría un riesgo de manejo discrecional y a modo.
Tres historias recientes, tres casos de países latinoamericanos que revelan la importancia que tiene la producción y difusión de los contenidos mediáticos en la actualidad y en nuestras sociedades. El tema no solo se refiere a la ganancia económica, sino sobre todo, al manejo político que allana caminos para gobernar y controlar.
En este siglo XXI, que prometía mejoramiento de vida y calidad social, los pasos refieren retroceso y riesgo para la autonomía del pensamiento y la difusión. Las medidas recientes en esos tres países son contrarias y retrógradas porque ni siquiera hemos formado y consolidado audiencias críticas y ya de diversas formas y en menos de cinco años se ha revirado en ese propósito bajo diversas estrategias. La astringencia con que se pretende legislar y garantizar derechos básicos ciudadanos del homo videns de este tiempo no tiene otra explicación que el interés de acotar, controlar y manipular la voz y las mentes. Mucho se juega sin duda: la libertad de decir y decidir. Esa cultura polarizada entre lo “apocalíptico e integrado”, como decía Humberto Eco (1964), hoy hace cierto sentido.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.