En la década de 1980, Colombia vivió una de las crisis de violencia más severas ocasionadas por las organizaciones criminales, particularmente encabezada por los grupos de narcotraficantes y asociadas a una debilidad institucional. Los cárteles de droga eran los actores hegemónicos que dirigían la economía, la política y las voluntades de la vida pública. Con la actividad guerrillera y paramilitar se crearon las condiciones para el surgimiento de un conflicto que costó la vida de miles de colombianos hasta colocarlo como uno de los países con más personas desplazadas en el mundo a niveles de Ruanda y El Congo.

Esto fue posible porque las instituciones de ese entonces no fueron capaces de brindar seguridad y atender las necesidades básicas de la población, debido a una visión cerrada y mezquina de los grupos de poder que solo velaban por sus intereses, lo que generó una sociedad polarizada en todos los ámbitos y que tuvo a la violencia extrema como telón de fondo. La elite política y económica se dio cuenta de la necesidad de implementar medidas de seguridad cuando los criminales también aspiraron al poder político (por ejemplo, Pablo Escobar fue diputado) y empezaron a incidir en el nombramiento de alcaldes, legisladores y gobernadores.

Cierto es que en México los grupos criminales han tejido relaciones diferenciadas con el poder político en turno, de igual forma las lógicas territoriales son distintas como para hacer comparaciones abusivas con Colombia, sin embargo, ese país sudamericano sigue siendo un referente mundial para comprender los procesos de violencia. Las políticas implementadas en las últimas tres décadas dan cuenta de acciones certeras aplicadas por ese país que le costó mucha sangre transitar la curva de aprendizaje para hacer frente al crimen.

Con la reserva que el caso amerita, quizá convendría repasar algunas variables que son similares a nuestro país con lo vivido por Colombia:
A. Debilidad institucional. Cuando un Estado se somete al chantaje de los criminales se merma la posibilidad de crear una sociedad libre porque se traiciona a la ciudadanía que confió en las instituciones para brindarle protección y seguridad. Después de la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, el imaginario colectivo ahora supone que cualquier grupo criminal puede hacer exactamente lo mismo sin el riesgo de ser sancionado, porque no hay voluntad o no hay capacidad institucional para responder.

B. Militarización de la vida cotidiana. En México ya se están ensayando crímenes que buscan generalizar el miedo y legitimar acciones de militarización. No importa que se atente contra derechos fundamentales, en un contexto de temor de ser víctima de la delincuencia se legitiman todo tipo de medidas intrusivas; aun cuando provenga de un gobierno de izquierda.

C. Falta de cultura de la legalidad. El país transita por una crisis de valores. Mentira que contamos con una sociedad más politizada y enterada de los problemas nacionales. El crimen es un mal que sobrevive por el cobijo de muchos, en muchas ocasiones ese pueblo bueno es el que solapa y fomenta la ilegalidad como en el caso del robo de combustible.

D. Control territorial. En la peor época de la violencia colombiana las organizaciones criminales controlaban ciertos territorios a los cuales no se podía entrar sin la venía de ellos. México empieza a pagar derechos de tránsito o correr el riesgo de ser confundido con grupos contrarios, tal como ocurrió con los LeBarón en Sonora.

E. Extrema violencia. El país ya es escenario de una criminalidad inusitada que ha costado la vida a miles de personas. Se está transitando a delitos como la extorsión, el secuestro, robo a casa-habitación y de vehículos en geografías que antes se señalaban como las más seguras de México.

Para completar la semejanza con Colombia nos hacen falta dos variables: la instalación de bases militares estadunidenses con el pretexto del combate al crimen, que tratarán de buscar al incluir en sus listas de terroristas a los cárteles mexicanos.

Finalmente, las elites colombianas implementaron medidas de seguridad hasta que las víctimas de la violencia y el secuestro fueron ellas y sus familias. Ya hay reportes de la muerte de varios políticos en México, esa será una tendencia en las elecciones de 2020.

La violencia se metió entre nosotros despacito, sin hacer ruido y, aunque le apostamos a la alternancia política, aquí el crimen sigue dirigiendo la vida y la muerte.

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