Ser funcionario en una entidad como Hidalgo debería implicar que éste se conduzca con mesura. No es posible que en un estado con 54.3 por ciento de su población en situación de pobreza, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un funcionario presuma que compró unas zapatillas de 17 mil pesos para su pareja. Eso habla de que el servidor público en cuestión, en nuestro caso el delegado Raymundo Ordoñez Meneses, no sabe en dónde está parado. O si lo sabe, no tiene tacto, ni sensibilidad, ni mesura. Comprar unas zapatillas de 17 mil pesos y luego presumirlo en redes sociales es muestra de que, en efecto, el servidor público no conoce la realidad de su estado. No tiene idea del rezago en que se encuentra la entidad y de las penurias que pasa más de la mitad de la población hidalguense. Por eso el presidente del PRD estatal, Ramón Flores Reyes, encontró propicio pedirle a Ordoñez su renuncia. Hay que aclarar: el funcionario de la SEP federal no cometió un delito, no estamos hablando de un asunto de corrupción. Estamos hablando de un asunto de sensibilidad de quienes se asumen como servidores públicos. Este caso, por otra parte, es una muestra del abismo que significa vivir dentro de la nómina oficial y estar fuera de ella. Con un sueldo de más de 100 mil pesos mensuales, evidentemente se pierde el piso y se vive en una realidad que nada tiene que ver con lo que sucede en nuestro país. Los servidores públicos, los políticos, viven en una burbuja, en una realidad ajena. ¿Debe continuar este sistema de privilegios? ¿Qué cambios deben hacerse para que no existan casos como el del delegado Ordoñez? De filón. La alcaldía de Pachuca debe caminar con sumo tiento y cuidado respecto al posible regreso de las fotomultas en calles y avenidas de la capital estatal. Su aplicación además mete al ayuntamiento a un terreno inestable, jurídicamente hablando. En la Ciudad de México recientemente fueron consideradas inconstitucionales las fotomultas. Recordemos que en marzo un juez federal determinó que el sistema de fotomultas del gobierno de la Ciudad de México era inconstitucional pues “viola la garantía de audiencia y defensa señaladas en el artículo 14 constitucional”.

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