Es incompresible la postura de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) quien propuso frenar el análisis de las condiciones económicas que permitan aumentar el salario mínimo a 98.15 pesos y alcanzar con ello la línea del bienestar fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). ¿Cómo es posible que hasta el sindicato de los patrones, es decir, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) repruebe esa decisión siendo que ellos son quienes costearían esa variación en los salarios? Según Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, sí existen las condiciones para determinar el aumento salarial. El líder patronal descartó ayer ante reporteros que no sea posible discutir el aumento con el argumento de la cercanía del proceso electoral, “ya que aún faltan 39 días”. También desechó que con el alza al minisalario se pueda detonar la inflación o que interfiera con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Son argumentos totalmente absurdos que hacen pensar que, en efecto, la Conasami es una institución absolutamente inútil. Es más: estorba. Lo anterior tiene que ver con la situación que vive nuestra entidad. Resulta que en Hidalgo a casi la mitad de su población (48.1 por ciento) no le alcanza para comprar la canasta básica con el ingreso de su trabajo, según el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que mide el Coneval. Esa situación pone en claro que Hidalgo sigue siendo un estado de los más pobres del país y que su población es altamente vulnerable, pues la mitad padece a la hora de comprar su canasta básica. A pesar de eso, debe celebrarse que al menos al comparar el primer trimestre de 2018 con el de 2017 la situación es ligeramente mejor: el indicador pasó de 51.9 por ciento a 48.1 por ciento, es decir, 3.7 por ciento menos. Algo es algo, diría la conseja popular. De filón. Otro problema de tener a casi la mitad de la población en la pobreza es la facilidad de manipular el voto. Así lo advirtió la candidata Tatiana Ángeles Moreno, quien dijo que programas como Prospera se utilizan para amedrentar y condicionar a beneficiarios.

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