Javier Sánchez Lazcano

Profesor investigador del ICSHu

La tesis que se sostiene en el presente artículo es que desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917 se intentó implementar un proceso penal de corte acusatorio, lo que no fue posible debido a las prácticas inquisitivas anteriores y por ende el Nuevo Sistema de Justicia Penal no resulta tan novedoso.
Lo importante de esta reflexión es que la historia nos demuestra que las disposiciones constitucionales o legales son insuficientes para transformar los sistemas de justicia, se requiere, entre otros, voluntad política, capacitación y estar dispuestos a abandonar paradigmas propios del sistema inquisitivo aunque éstos sean más cómodos para los operadores jurídicos.
En el discurso pronunciado por Venustiano Carranza ante el Congreso Constituyente el primero de diciembre de 1916 en la parte relativa al sistema de justicia penal, hizo énfasis en diversas cuestiones; sin embargo son dos las de especial interés.
La primera consiste en el señalamiento que aunque el artículo 20 de la Constitución 1957 contemplaba diversas garantías para el acusado, en la práctica esas garantías resultaban ineficaces porque sin violarlas literalmente los acusados quedaban al arbitrio de los jueces y en algunos casos de sus escribientes; la segunda cuestión es que la justicia criminal no había cambiado sustancialmente con relación a la que dejó implantada el dominio español, pues las diligencias y procedimiento seguían siendo ocultos.
La intención del constituyente de 1917 fue implementar un proceso penal de corte acusatorio, tan es así que en el artículo 21 constitucional incluye las funciones del Ministerio Público y de la Policía judicial.
En el artículo 20 constitucional se estableció el derecho del imputado a ser juzgado en audiencia pública; a diferencia del sistema inquisitivo que se caracteriza por ser secreto, cerrado y oscuro; incluso en la Quinta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que aunque las legislaciones procesales determinaran que la audiencia fuera pública únicamente a petición de las partes, eso pugnaba con la Constitución federal y por ende el hecho de que los procesos no fueran fallados en audiencia pública constituía una violación.
No obstante, las prácticas procesales concibieron un proceso mixto de corte inquisitivo, en razón de que los procesos antes de la reforma del 18 de junio de 2008 eran escritos, secretos y con delegación de funciones del juez a sus secretarios; la consolidación de la reforma constitucional de 2008 requiere de evaluación continua con el objeto de identificar las prácticas inquisitivas que pueden desvirtuar el proceso penal de corte acusatorio.

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