Está terminando el año y junto con él el gobierno de Enrique Peña Nieto, recuerdo que este presidente inició su mandato con la reforma energética y laboral, las cuales fueron en prejuicio de los mexicanos, lo anterior es más claro ahora, pues la gasolina sigue subiendo, el salario no ha mejorado y cada vez más empresas proporcionan menos condiciones de seguridad a los trabajadores; justo ahora, el presidente para terminar su mandato quiere aprobar otra ley que significa un retroceso y menor seguridad para los mexicanos: la Ley de Seguridad Interior, la cual pretende darle más poder constitucional al presidente en el uso de las Fuerzas Armadas, con el pretexto del combate al narcotráfico, así como al Ejército para intervenir en la población sin salvaguardar ningún derecho constitucional y humano.
La iniciativa ha sido vista como inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, tanto por organismos internacionales como nacionales, la presión ha sido tal que actualmente está el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual debe resolver si es constitucional o no. La pregunta que está en el aire es si la SCJN detendrá el proceso y actuará, como pocas veces lo ha hecho, para favorecer a la mayoría de los mexicanos. La moneda está en el aire, pues ya fue aprobada por ambas cámaras, además la SCJN no goza de mucho prestigio como un organismo autónomo del Ejecutivo, por otro lado, tanto los políticos del país como los magistrados ya se dieron cuenta que el caso está trascendiendo internacionalmente; en consecuencia, dicha resolución será juzgada ya no solo por los mexicanos.
Más allá de este tema, que es muy importante, lo que creo que no estamos cuestionando es por qué el gobierno sigue engañando a los mexicanos que para acabar con el narcotráfico se necesita más Ejército, armas y leyes que les permita mayor movimiento del que ya tienen, e impunidad. A los políticos no les ha quedado claro que el Ejército no ha defendido a la población, para ejemplo de ello tenemos hoy en día el caso de Ayotzinapa, Atenco, las guardias comunitarias de Michoacán, por citar algunos casos; pero si buscamos en el pasado, está la matanza de los estudiantes en 1968. Por tanto, por qué insistir en dar más poder al presidente y a las fuerzas militares.
Pero además, la ley olvida que el narcotráfico ha dejado entrever alianzas con los políticos, que en algunos momentos son uno mismo, por tanto, aunque haya un gran Ejército y este salvaguarde a la población; la medida no solo es necesaria para acabar con el problema del narcotráfico, también deben existir otras medidas, como perseguir fiscal y legalmente a los que tienen enriquecimiento ilícito o acabar con la pobreza que actualmente hay en México, pues es un cultivo para generar narcomenudistas o que los campesinos renten sus tierras para fines de cultivo; por citar algunas. Pero aunado a lo anterior, ya el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa nos mostró durante todo su sexenio que más Ejército en las calles no ayuda para acabar con él, y que sí ocasiona más muertes de civiles.
Por tanto, es una ley que, no solo significa un paso atrás, sino además no sirve para acabar con el tema para la que supuestamente fue creada, en consecuencia, me sumo a las asociaciones nacionales e internacionales que han manifestado su postura en contra de la misma, pero no solo porque que es anticonstitucional y contra los derechos humanos de los mexicanos, sino asimismo porque no sirve para acabar con el narcotráfico y sí puede aumentar la violencia y muerte de civiles. En ese sentido espero que la SCJN y el gobierno lean bien el contexto nacional e internacional, que vean por el beneficio de la mayoría de los mexicanos, y la detenga, es mi deseo de Año Nuevo.

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