La nueva reforma educativa ha provocado ya sentimientos de incertidumbre y ambigüedad. Sin embargo, hay que insistir en algunos puntos antes de desatar protestas, sobre todo los que entrañan una nueva posición del Estado frente a la enseñanza. Es preciso tener presente la relación entre la orientación del conocimiento y la situación laboral del país: la educación es un acto político.

La perspectiva educativa de la reforma de 2013, según la lógica de la distribución del trabajo en la era global, correspondía a los intereses productivos de la nación neoliberal. A consecuencia, existe hoy la preponderancia de ciertos perfiles académicos asociados a la ingeniería y ciencia para el desarrollo de tecnología e innovación –circunscritos al concepto de desarrollo y welfare corporativo, privado, industrial, etcétera–. En contraste, vemos el progresivo desprestigio, olvido y abandono de las humanidades, artes y estudios sociales.

Con esto hemos creado sectores privilegiados, no solo en término de ingresos y pagos, sino ya en el acceso mismo a nuevas circunstancias económicas. La preponderancia de intereses hace del “escalamiento” en el bienestar y el acceso a la propiedad, una ilusión. Creamos “clases sociales”, esta vez disfrazadas bajo una falsa idea de igualdad e inclusión, producto de haber interiorizado la idea de “mérito individual” en el marco de contextos desiguales. La educación, sin la posibilidad de opciones al pensamiento, funge simplemente como confirmación de la misma estructura político-económica que provoca este desequilibrio.

Por esa razón, un amplio conjunto de disciplinas se encuentran malheridas y otras, a causa de su ciego protagonismo, son profundamente incomprendidas –la ciencia, por ejemplo–.

Paradójicamente, aquellas que encierran la posibilidad de entrever nuevas configuraciones del mundo, sin las cuales la enseñanza no es más que la reproducción sistemática de sujetos para el empleo, se encuentran desprotegidas y agonizantes.

Círculos irresolubles, ceguera y, además, un sentimiento de “impotencia reflexiva”, según Max Fisher: apatía razonablemente justificada.

Necesitamos otras opciones, auténticos antagonismos –incluso por higiene democrática–, si honestamente buscamos alguna paridad de circunstancias.

La reforma aprobada por el actual gobierno ha logrado, al menos, poner sobre la mesa esta compleja urgencia.

Aún habrá que reflexionar, a dimensión epistemológica, en torno a las estrategias de la reforma: la “obligatoriedad, gratuidad y universalidad”, así como la enseñanza de las humanidades y las artes como exigencias constitucionales en la educación superior.

Parece ser una ocasión para volver a las cuestiones fundamentales, a una reforma de los conceptos con los cuales se conduce la vida social, política e individual: una reforma del pensamiento.

Sabemos que al exigir de manera obligatoria la educación superior, bajo los nuevos cánones, se impele a las instituciones y organismos a reordenar sus diseños y contrataciones, a repensar sus objetivos. Pero debemos añadir con insistencia la manera en que este proceso también crea un andamio horizontal entre perfiles académicos y disciplinas –o lo que es lo mismo, el entramado vocacional– lo cual, si se hace sin tapujos, podría modificar la situación laboral de los mexicanos, así como la política nacional entera.

La competencia equitativa y el derecho al conocimiento deberán revertir la actitud servil de los profesionistas, intelectuales, artistas y estudiantes, y ampliar el panorama del saber, el arte, la investigación y el diálogo que tanto aqueja la urgencia de un nuevo relato en la historia de México.

Quedarán tocadas todas las directrices en términos de reparto presupuestal y salarial, sin duda. No obstante, las prospectivas del gobierno y de las instituciones de educación superior (IES) –que antes eran a priori criterios globales de calidad– tendrán que desplazarse hacia una consideración más humana y real del trabajador, así como de la proyección político-económica de nuestro país a futuro.

En palabras de Savater, “educar para formar ciudadanos significa también formar gobernantes. Todos los ciudadanos son gobernantes, aunque deleguen en sus representantes”.

La educación tiene la oportunidad de volver a ser un auténtico punto de partida.

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