Hemos llegado a una contingencia sanitaria inimaginable. Para los mexicanos lo más contemporáneamente cercano a esto fue aquella declaratoria por la influenza H1N1, la cual duró apenas unas semanas. Jamás nos imaginamos que esto realmente llevaría varios meses, y no hablamos de los que llevamos, sino de los que nos faltan. Para las movilizaciones sociales, que ya regían gran parte del mundo por millones de razones: derechos humanos, derecho a decidir, derecho ambiental y hasta derecho animal, son muy pocas las que han logrado sacar provecho en la contingencia.

Por un lado, en China por fin se dignaron a reformar leyes que brindarían un nuevo trato a los animales domésticos, principalmente a los perros, a los cuales han comido por décadas (y no, no critiquemos a los chinos por esto, México se come a muchas especies también; y no, tampoco lo hace bajo normas de sanidad y mucho menos de conservación de fauna); pero por otro lado, las autoridades omisas han tenido un pretexto más para ser omisas.

De por sí la omisión en autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Procuraduría Estatal de Protección Al Ambiente (Proespa) es un don nato, ahora resulta que la “integridad de quienes laboran en estas instituciones es de suma importancia”, por lo que muchas oficinas han quedado a la deriva. Y aunque los que tenemos experiencia en trabajo remoto sabemos que se pueden resolver muchos problemas en línea, para las autoridades esto es como el agujero negro en el que siempre quisieron poder esconderse sin tener que dar explicación sobre sus acciones; y no quiero decir con ello que los funcionarios deban exponerse al Covid-19, sino que antes no existía una pandemia y tampoco atendían mucho el tema.

La omisión podría tomarse como el término legal para lo que socialmente se conoce como la indiferencia, que ya sabemos que el indiferente no hace el bien ni es buena persona, sino que en su falta postura deja que quien tiene más poder o más recursos gane una batalla, y por lo regular ya sabemos quiénes tienen más poder y más recursos.

Así tenemos desde abril diversas denuncias de todo tipo, tanto en Oaxaca con la situación de las tortugas y dos animales de circo casi muertos de inanición, así como en San Luis Potosí e Hidalgo, donde la cacería ilegal es un gran problema para la conservación de especies protegidas; sumado a las ventas de animales en peligro de extinción a través de redes, que se ha incrementado velozmente a pesar de que plataformas como Facebook prohíben la venta de animales; en general todos saben lo que está prohibido, pero mientras la omisión esté de su lado seguirán viviendo de la explotación de otros.

Y pasamos de lo general a lo local, porque Pachuca y Mineral de Reforma, municipios de la zona metropolitana, no paran de omitir bajo el argumento de “no tenemos denuncias formales”, sobre todo en el Ministerio Público. Bueno, vamos de nuevo, ahora con un ejemplo práctico y actual: para entrar a los establecimientos ahora se necesita portar un cubrebocas, pero si no lo compraste antes de que esta medida se hiciera oficial, no podrás entrar a comprar el cubrebocas que necesitas por no portar cubrebocas.

Ok, señores ministerios, ¿entonces cómo hacemos para poner una denuncia por maltrato animal? Llegamos y nos dicen que no se puede porque justo ahorita solo atienden delitos de alto impacto, y no, que para ustedes el que amenacen y hostiguen a los protectores animales tampoco es “alto impacto” porque ya escuchan el concepto de maltrato animal y revolean los ojos.

Por actitudes como esas dejamos pasar el incidente del fraccionamiento Los Encinos de Mineral de la Reforma, donde un hombre le cortó con una tijera de jardinería la pata a un perrito porque orinó en su césped, ¿a ustedes no les parece de alto impacto que alguien que reaccione de esa manera hacia los orines ande suelto? No debería ser normalizado, mucho menos por las autoridades a cargo de velar por nuestra seguridad.

Sumémosle el caso de Pachuca, en el fraccionamiento Paseos de la Plata, donde desaparecen y envenenan perros, donde también la perrera municipal se la vive, pero ningún funcionario indaga sobre las denuncias de maltrato animal. Y cuando las protectoras que trabajan en la zona quisieron interponer su denuncia ante el Ministerio Público por amenazas, resulta que ahí no se puede, pero les recomiendan que vayan al Ayuntamiento de Pachuca, donde además ya se registró una defunción por Covid-19, a poner una denuncia o queja.

No hay ni ha habido un interés fidedigno por atender el maltrato animal, los esfuerzos que se hacen desde el activismo se difuminan poco a poco conforme avanza la contingencia sanitaria. De aquí solo podemos rescatar el caso del predio que se incendió en El Saucillo, donde ahora se construye un hogar para más de 10 perros y una familia humana de seis, pero esa la dejamos para sumar buenas noticias la semana que viene, porque también puede convertirse en el revuelo que necesitamos para comenzar a exigir de nueva cuenta las políticas públicas necesarias para atender las denuncias de crueldad animal.

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