Ida Vanesa Medina P

El debate sobre las peleas de animales y la tauromaquia se devana alrededor de varios recovecos. La lucha entre animalistas y defensores de esas actividades comerciales se sigue alargando, mientras que en el sector ciudadano, esa gran masa que genera matrices de opiniones, reside el factor decisivo para acabar con la legalidad de ese tipo de actividades crueles. Desde el punto de vista ético es un problema que podría ser resuelto con el axioma más fundamental: el respeto a la vida.

Sin embargo, es un escenario que involucra otros intereses. Detrás del argumento de patrimonio, taurinos y adalides de las peleas de gallos embellecen los intereses económicos que involucran estas “tradiciones”, que no por ser lucrativas dejan de ser cuestionables.

Solo para la corrida de aniversario, la empresa de toros en 2016 podía invertir, según El Economista, más de 1.5 millones de pesos. Toda una derrama económica generada alrededor de debilitar, torturar, mutilar y matar públicamente a un animal. En esta línea de razonamiento, si las prioridades para nuestra sociedad se centran inexorablemente en las industrias que generen más lucro, la economía narco logra cada año un aproximado de al menos 600 mil millones de pesos, ¿es por ello la forma más deseable para el desarrollo del país?

Economía y tradición son las dos banderas recurrentes para argumentar la muerte innecesaria cada año de 250 mil toros alrededor del mundo en nombre de la fiesta brava. Solo ocho países todavía permiten esta actividad y México puntea como un destino taurino por excelencia, aunque no sea el motivo más válido de orgullo nacional.

El término de patrimonio intangible se cuela para darle pompa a una actividad que es importada de Europa y que es más reciente que las peleas de perros, ilegales desde 2017 en México por ser una práctica barbárica. La ley es una excusa para revertir cualquier avance que logren los activistas, un jaleo de propuestas de leyes y respuestas con amparos que se desarrollan en distintos estados y que se complican con lobbies de empresarios e intereses económicos.

Lamentablemente, en este país todavía carecemos de un marco jurídico integral que vele por el bienestar animal, aunque se conquisten victorias como la resolución en junio de este año en el Congreso de Quintana Roo, que aprobó una ley que contempla la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos en la entidad. Aun así, en 28 estados todavía es permitida y promovida una recreación basada en el desprecio al animal, que muchos taurinos califican como una “muerte digna” para el toro, pero el sistema límbico y nervioso del bóvido no se engaña con argumentos convenientes de “dignidad” que solo existen en la percepción de estos promotores, el miedo y el dolor es lo único que acompaña su muerte, y el espectáculo solo sirve para multiplicar la insensibilización hacia la vida y para crear nuevas generaciones que justifiquen la violencia.

Pareciera que todo se trata de si eres sensible o no a los asuntos relacionados con animales, como si se redujera solamente a un esquema de gustos y de elegir equipos. Un argumento que ayuda a simplificar la realidad ya plagada de conflictos y provechos.

¿Las corridas de toros o las peleas de gallos son los “patrimonios culturales” que necesita un país que cerró 2018 con un promedio de 100 homicidios por día? ¿Es la violencia y el irrespeto a la vida una premisa de cultura que hay que amparar constitucionalmente? La respuesta, aunque pareciera obvia, se llena de excusas y matices cuando se trata de renunciar a un negocio que mantiene a varios grupos. En este rompecabezas, la pieza clave es la opinión pública y la oportunidad de dejar atrás la indiferencia que se justifica diciendo que no podemos abordar estos problemas, que no nos pertenecen; pero recordemos que estas ofertas culturales se adaptan a las necesidades del mercado, alzar la voz en contra siempre es una opción.

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