Alfonso Atitlán Gil

América Latina y el Caribe conforman la región que presenta la mayor desigualdad social en el mundo, lo que tiene expresiones concretas en los determinantes sociales de la salud y que configura inequidades en indicadores sociosanitarios, en el acceso a servicios y en las condiciones de salud, entre países, regiones y grupos sociales. La carga estatal financiera, de recursos y servicios, es cuestionada, se le responsabiliza de la crisis económica y se impulsa la redefinición de las relaciones Estado-mercado y el reordenamiento de lo público.

En México, desde 1982, se implementan distintas estrategias para reducir el tamaño del sector público y limitar el papel del Estado en la rectoría del desarrollo, reduciendo su intervención en la economía interna y en la regulación de los mercados. Este proceso llamado reforma del Estado configura una agenda caracterizada por la centralización de la política macroeconómica, la descentralización y privatización de las burocracias encargadas de la provisión de servicios sociales, la introducción de competencias entre los proveedores de servicios (públicos y privados) con la intención de incrementar la eficiencia y calidad, así como la delegación de las funciones de regulación en agencias independientes para vigilar la provisión de servicios y la operación del sistema con un número limitado de funcionarios públicos.

Nuestro país está a punto de entrar nuevamente en dicho proceso por el cambio en la administración gubernamental y la historia nos dice que como resultado de todos estos cambios, la política social quedará subordinada a la política macroeconómica y centrará sus estrategias en mitigar la pobreza y focalizará su atención en las poblaciones con mayores carencias materiales, a través de intervenciones selectivas, utilizando estrategias fundamentadas en procesos de innovación para aminorar las inequidades.

La política de salud tiene el reto de hacer frente a los problemas de organización y desempeño del sistema de salud, para ello desde hace tiempo se han adoptado algunas estrategias como la diversificación de las fuentes de financiamiento, ampliación de su cobertura y favorecimiento de políticas de gasto orientadas a paquetes básicos. La reorientación del papel del Estado en el ámbito de la salud ha adoptado un enfoque selectivo del quehacer público en el financiamiento y la producción de servicios de salud.

¿Cómo hacer frente a la ineficiencia de operación del sistema público e introducir otra lógica de ordenamiento al sector salud?, ¿cómo superar el agotamiento de la capacidad de respuesta frente a la complejidad sanitaria y la desigualdad? Es en estos momentos cuando el discurso sobre la equidad cobra fuerza, justificando las propuestas de focalización con argumentos sobre los bienes limitados, recursos insuficientes y necesidades crecientes de las poblaciones pobres, y es aquí donde el pensamiento creativo cobra gran importancia, es donde la gestión del conocimiento en salud puede surgir como propuesta para reorientar los procesos de planeación. Nuestro país se encuentra en un punto coyuntural en el que se plantea la necesidad de incorporarnos a la realidad y vivir en la sociedad del conocimiento mediante un afán de varios, con la obligación de aminorar las inequidades.

Hace algunos años, el japonés Kenichi Ohmae tuvo un especial interés por desarrollar su área de experiencia formulando estrategias creativas y desarrollando conceptos organizacionales para implementarse. La inequidad es una desigualdad injusta y potencialmente evitable que requiere de propuestas innovadoras y certeras; partiendo del hecho de que lo fundamental en la planeación estratégica es generar una ventaja competitiva, se destaca la importancia que tiene el “desarrollo del pensamiento estratégico”.

Así, la equidad en salud debe ser entendida como una expresión de justicia social en múltiples dimensiones, y un proceso de planeación certera debe contemplar en sus perspectivas de solución los determinantes sociales de la salud, los resultados finales de salud, así como el acceso y la calidad de la asistencia sanitaria.

Por otro lado, para elaborar cualquier estrategia deben tenerse en cuenta tres participantes: las instituciones de salud, los usuarios de los servicios y otras organizaciones gubernamentales y privadas que pueden participar en la operación y el fortalecimiento del sistema de salud, dirigiendo la atención a programas prioritarios que permitan la satisfacción de los usuarios.

De tal manera que para definir estrategias basadas en los usuarios debe segmentarse la atención de acuerdo con las prioridades identificadas en una o más series de usuarios según el diagnóstico de salud poblacional, concentrando sus esfuerzos en la satisfacción de sus necesidades.

Además, es pertinente considerar las ventajas competitivas de las organizaciones de salud y, por lo tanto, hay que tomar en cuenta que las estrategias basadas en estas (las ventajas de las instituciones) son de tipo funcional. Su propósito consiste en maximizar los puntos fuertes del sistema de salud.

Las estrategias funcionales de cada institución deberán distinguirse con claridad de los programas operativos diseñados para mejorar determinadas unidades de las instituciones. En nuestro país las grandes instituciones de salud se concentran en los servicios de salud estatales (la Secretaría de Salud de Hidalgo-SSH), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Cruz Roja; de tal suerte que las estrategias basadas en las fortalezas de cada una de esas instituciones pueden establecerse observando las posibles fuentes de diferenciación en las funciones sustantivas que estas desempeñan.

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