En el reciente Buen Fin algunos consumidores se vieron sorprendidos por proveedores cuyos productos no reunían las calidades o resultados ofrecidos, quienes por ignorancia no interponen queja alguna. Al iniciar las fiestas decembrinas con compras de todo tipo, es bueno conocer un poco de nuestros derechos. En primer lugar nos referiremos a la parte final del párrafo tercero del artículo 28 de nuestra Constitución, que establece que “la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”; como vemos constitucionalmente todo consumidor se encuentra protegido.
En segundo lugar haremos referencia al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual establece que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión engañosa o abusiva.
Se trata de publicidad engañosa cuando refieren características o información que, pudiendo ser o no ser verdadera, induce a error o confusión al consumidor por la forma en que se presenta. Es decir, la información o publicidad engañosa o abusiva se actualiza cuando es inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa que provoque una situación de riesgo o dañe el patrimonio del consumidor al engañarlo o confundirlo.
Cuántas veces somos engañados al adquirir ropa, bolsos, enseres domésticos u otros productos puestos en un exhibidor con un atractivo cartel con precio de oferta, pero al pagarlo se nos informa que no es su precio, pues el cartel se refiere al producto de etiqueta verde o amarilla de los cuales solo dos o tres del exhibidor cumplen con tal requisito y optamos por pagarlo o lo dejamos. Esto es publicidad engañosa, muy socorrida en los centros comerciales.
También se nos ofrecen productos con virtudes que en la realidad no tienen (reductores de talla o peso milagrosos, extractores de jugos, sartenes que no se rayan, mini proyectores como pantallas gigantes, entre otros) cuando se reclama piden al consumidor demostrar que el producto no posee las cualidades enunciadas. En esos casos la carga de la prueba le corresponde al proveedor, quien debe contar con el respaldo técnico y científico sobre la información del producto publicitado como exacta y verdadera, igualmente los atributos formulados del producto deben ser comprobables por constituir enunciados empíricos que pueden ser probados.
El consumidor engañado o abusado no está solo para defender sus derechos, siempre y cuando presente su queja ante la Profeco, quien puede iniciar dos procedimientos en favor de los consumidores, el primero es administrativo como autoridad que procura, concilia y verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley; confirmando la información a fin de evitar que se induzca al error o confusión al consumidor; ordenando al proveedor o prestador suspender la información, publicidad o la corrija, e imponiendo las sanciones conducentes: amonestación, multa o clausura.
El segundo procedimiento es de carácter jurisdiccional, pues la Profeco está facultada para representar individualmente o en grupo a los consumidores afectados ante las autoridades jurisdiccionales. Así, la protección de los derechos de los consumidores se materializa en la Ley Federal de Protección al Consumidor, privilegiando principios como la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor; divulgación de información sobre el consumo adecuado; efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales, individuales y colectivos; la protección contra publicidad engañosa y abusiva, lo métodos comerciales desleales, prácticas y cláusulas abusivas. Además de los principios in dubio pro actione referido a facilitar el acceso a la justicia y el de favor debilis referente a favorecer a quien se encuentra en condiciones de inferioridad por falta de información respecto a la producción de los bienes que se comercializan. Para invocarlos deben existir los siguientes elementos: un bien producto o servicio, un consumidor o destinatario final de dicho producto y un proveedor habitual o periódico del mismo.

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