Talina Merit Olvera Mejía

En las últimas semanas, la evaluación ha sido cuestionada acerca de su pertinencia y de si produce resultados e información relevante y fiable. Como ciudadanos debería preocuparnos este cuestionamiento, porque la evaluación, en concreto la de políticas, programas y servicios públicos, es una actividad de rendición de cuentas. La evaluación, a diferencia de otras acciones, se realiza con la intención de rendir cuentas, de saber cuál ha sido el desempeño y resultados de ciertos programas públicos. No es asunto menor el que como ciudadanos que pagamos impuestos no tengamos información certera y fiable acerca de los programas y acciones que implementa el gobierno. Incluso si no nos interesáramos por el dinero público, todos nosotros sufrimos las problemáticas públicas en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, tenemos temor de salir por la noche y ser asaltados o incluso asesinados; nos preocupa que al terminar la universidad tengamos un trabajo estable y digno; afecta a mi salud que el hospital público no me dé a tiempo el medicamento; me preocupa el deterioro al medio ambiente, etcétera.

Por lo tanto, debería ser de nuestro interés si los programas públicos están resolviendo o aminorando los problemas que nos afectan, si el diseño de esos programas está sustentado en diagnósticos certeros del problema y si la estrategia que implementa el gobierno es la adecuada. La evaluación es la herramienta objetiva que nos da información válida acerca del comportamiento de todo lo anterior. Por lo que la rendición de cuentas no solamente la debemos entender del servidor público a sus superiores y de estos hacia el Congreso, sino también de los gobernantes hacia la ciudadanía.

Otra de las particularidades de la evaluación ha sido su función de mejora, es decir, a través de los hallazgos identificados y de las valoraciones realizadas a los programas públicos. La evaluación genera recomendaciones, recomendaciones para mejorar las acciones del gobierno. Si no existiera una herramienta que nos mostrara de manera fiable y objetiva los resultados de las acciones públicas, no tendríamos cómo saber qué sucede, dónde están los fallos o qué explica los resultados. En consecuencia, seguirían implementándose programas mal enfocados, con estrategias mal diseñadas, con actividades que más que contribuir a la resolución del programa y entrega del servicio obstaculizan su desarrollo. Los gobernantes seguirían basando sus decisiones en intuiciones, en comentarios que escuchan en la oficina o la calle, en el comentario del presentador de noticias, en la nota periodística o en los datos que se obtuvieron de fuentes dudosas.

Una cosa que se le cuestiona a la evaluación es su objetividad, su credibilidad y su legitimidad. Es por ello por lo que es importante la existencia de metodologías sólidas que respalden los hallazgos y recomendaciones emitidas acerca de las acciones públicas. Al respecto, se necesita de profesionales y personas capacitadas que realicen las evaluaciones, que sepan cómo aplicar las metodologías, y que las evaluaciones no sean designadas para su desarrollo a improvisados, pues pierde su credibilidad y utilidad. Otro aspecto para destacar es la independencia del trabajo de evaluación, es decir, que quien realice la evaluación sea un agente externo al que la solicita y está siendo evaluado. Este último aspecto, sobre todo, es el que otorga mayor credibilidad y legitimidad a los resultados de las políticas y programas públicos. Como ciudadanos no confiamos lo suficiente en que el director del programa Becas escolares para niñas y niños en condición de vulnerabilidad social nos diga que las transferencias monetarias y la prestación del servicio ha logrado un 100 por ciento de permanencia escolar y de participación de niñas y niños en actividades recreativas y culturales, que fue el objetivo del programa. Finalmente, igual de importante, es el recurso económico que se destine a la realización de evaluaciones o a las áreas y organismos encargados de esta labor. No podemos exigir evaluaciones rigurosas y de calidad, que aporten información fiable y útil para la mejora y rendición de cuentas si no se destina el recurso suficiente para afrontarlos.

En ese sentido, la evaluación siempre ha estado vinculada a contextos democráticos, no se concibe su práctica y su uso en contextos autoritarios, hegemónicos o de nula competencia partidista. En estos últimos contextos no existen las condiciones para cuestionar a los gobernantes acerca de su actuar ni ciudadanos o integrantes del gobierno que se atrevan a debatir. Es por lo que prácticas como la evaluación o la transparencia tienen cabida en gobiernos más plurales, donde exista una ciudadanía más crítica y preocupada por los problemas sociales que le atañen.

Últimamente se ha cuestionado la existencia y permanencia del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sin embargo, con todo lo comentado, resalto la necesidad e importancia de que existan instituciones independientes que coordinen y realicen de manera sistemática la evaluación de las acciones del gobierno. Podemos no estar de acuerdo en ciertas maneras de desarrollar el trabajo del Coneval, pero creo que no podemos cuestionar la relevancia de la labor que realiza y los resultados que ha generado sobre la política social.

Con base en lo anterior, cabría preguntarnos acerca de la existencia de organismos externos que se encarguen de elaborar y/o coordinar las evaluaciones a políticas públicas, que cuestionen el rumbo de las acciones y los resultados que se generan. Y más allá de desaparecerlos o limitarlos, se deberían fortalecer y afianzar sus objetivos para continuar con la crítica y el debate sobre las acciones públicas con miras a una mejora efectiva de las políticas y programas públicos y a una auténtica rendición de cuentas. Solo así se podrá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Vivimos en un entorno de democracia y como ciudadanos es básico contar con instituciones que lo hagan y exigir su presencia.

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