Mario Cruz Cruz y José Miguel Alonso Trabanco

El tránsito por territorio mexicano de las caravanas migrantes que pretenden llegar a los Estados Unidos ha intensificado el debate sobre la concepción de los flujos migratorios transfronterizos. Por un lado, desde una perspectiva de seguridad humana se argumenta que desplazarse en busca de mejores oportunidades de vida o alejarse de la violencia es un derecho inalienable, sin importar la nacionalidad de las personas en cuestión.

En contraste, se ha destacado que la vulneración de las fronteras nacionales de un país constituye una violación al Estado de Derecho, especialmente el menoscabo de la facultad soberana para determinar quiénes ingresarán al territorio de un país y –por extensión– también a quiénes se les puede negar el acceso.

Con el fin de evitar la ideologización o una achatada interpretación jurídica de su significado, existen criterios para distinguir ambas posibilidades. Pero lo que no se puede obviar es que el control fronterizo es un tema de seguridad nacional y que ya fue vulnerado, pero que México puede aprovechar esa impronta de manera estratégica.

La implementación de tales controles cobra una relevancia especial cuando se trata de migrantes procedentes de países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica (compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras), países con problemáticas endémicas de violencia delictiva y pandillerismo. De hecho, según el portal especializado Insight Crime, las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de esos países son superiores a las de México.

Esas problemáticas difícilmente resultan sorprendentes si se considera que, históricamente, las condiciones geográficas de esos países del istmo centroamericano –prominentemente montañosas y selváticas– dificultan tanto la gobernabilidad efectiva por parte de la autoridad central así como un dinamismo económico suficiente para impulsar el desarrollo y la proliferación del comercio. Para nada este análisis es una visión geográfica determinista, sin embargo, la naturaleza de esa región ha incidido fuertemente para generar esas condiciones.

Aunque los Estados Unidos de América (EUA) no ignoran las implicaciones de esos fenómenos, sí se han encargado de “securitizar” los flujos migratorios ilícitos considerándolos un peligro para su seguridad interior. Tal como lo había vaticinado el politólogo Samuel Huntington, la migración proveniente de América Latina –especialmente de México y Centroamérica– está reconfigurando los balances demográficos en distintas partes de la Unión Americana, país en el que más de 18 por ciento de la población total es de origen hispano.

De acuerdo con ese punto de vista, la solidez de la identidad cultural y lingüística de los migrantes procedentes de países latinoamericanos –junto con las dificultades que ello entraña para su plena asimilación en su nación huésped– constituye un riesgo para la cohesión interna de la sociedad estadunidense. Según Huntington, el flujo de migrantes originarios de México representa un reto mayor, en función de que se trata de un país cuyo imaginario colectivo alberga históricas reivindicaciones territoriales sobre ciertas áreas de los Estados Unidos, a diferencia de otras oleadas migratorias (irlandeses, italianos, judíos, asiáticos, etcétera). Ello explicaría el trato diferenciado y discriminatorio hacía los mexicanos.

A juzgar por eventos recientes, tal parece que Huntington resultó ser el profeta del trumpismo. Sin embargo, el fenómeno de la migración hispana hacia los Estados Unidos tiene una profundidad estratégica que podría ir todavía más allá. De hecho, en su libro sobre prospectiva geopolítica, Los próximos 100 años, el analista George Friedman plantea como hipótesis que, hacia finales del siglo XXI, la recomposición poblacional de la sociedad estadunidense –a partir de la creciente presencia demográfica mexicana en ese país– podría alterar el balance de poder e incluso redibujar la línea fronteriza a favor de nuestro país. De acuerdo con dicho especialista, tal situación podría incluso desencadenar una disputa por el control geopolítico de América del Norte, con todo lo que ello implica y que podríamos llamar “la revancha geopolítica de México”.

Todo parece indicar que, hasta el momento, México no está tomando en cuenta esos elementos. Tampoco es claro si ello va a cambiar en un futuro cercano. Sin embargo, resulta evidente que se necesita repensar el debate sobre la migración y el tema amerita ser escudriñado también desde el ángulo de la geopolítica y la seguridad nacional, donde una escuela de pensamiento geopolítico mexicano sería absolutamente necesaria.

Se requiere una visión estratégica y de largo plazo para salvaguardar el interés nacional del Estado mexicano, más allá de filias y fobias contra los migrantes centroamericanos, con el fin de trazar acciones para generar sinergias estratégicas en el marco de esas complejas dinámicas hemisféricas.

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