Lol Canul
Maestra en ciencias de la salud

La salud es un derecho que como garantía se aterriza en todo un sistema de prevención y atención conformado por productos y servicios. En estos últimos meses su discusión ha sido un tema recurrente en los medios masivos que, a pesar de ello, no le ha hecho justicia a integrar todos los elementos necesarios para una comprensión profunda de las funciones de salud en la población.

Por obviedad u omisión, la salud pública se asocia ordinariamente con medidas de atención humana, a la presencia de hospitales, dotación de medicamentos o hábitos de vida saludable, pero hay otros elementos que quedan fuera del imaginario como la producción sostenible de alimentos de origen animal, la prevención de zoonosis, el cuidado ambiental o al bienestar de los animales.

Todo lo anterior es implementado a través de la salud pública veterinaria, que es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la suma de todos los aportes al bienestar físico, mental y social del ser humano por medio de una comprensión y aplicación de la ciencia veterinaria”. Pese a que esta visión termina nuevamente poniendo como centro de atención a la vida humana por encima de la vida de otras especies animales, permite entender la existencia de una relación entre la salud de ambos grupos.

Tanto la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) consideran a la salud pública veterinaria un “bien público mundial”; las actividades correspondientes a ella mantienen, bajo esta perspectiva, una importante contribución a la salud humana, la seguridad alimentaria, la reducción del hambre y la pobreza y la sostenibilidad ambiental.

Las ciencias asociadas a la salud pública veterinaria presentan adelantos que permiten conocer estrategias de atención, algunas de ellas, retomadas para su aplicabilidad. La Ciudad y el Estado de México, mantienen desde hace pocos años hospitales públicos veterinarios que son ejemplo de la aplicación y acceso a la población.

En el estado de Hidalgo, la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales establece la existencia de un fondo para la protección de animales, cuyos recursos para su creación y mantenimiento deben ser aquellos que el gobierno estatal y municipal otorgue para tales efectos y los que se generen por la aplicación de la misma ley. Así como estipula que a los ayuntamientos corresponde la obligación de garantizar las condiciones para una cultura cívica de protección, responsabilidad y trato digno a los animales, aspectos que deben contener a la salud animal.

La preocupación por el bienestar animal limitado a una temporada electoral suena terriblemente sospechosa de ser usada como una moneda de cambio, que carece de un conocimiento real del tema al mismo tiempo que parece alejado de ser un interés genuino por la población.

La comunidad de protección animal ha trabajado arduamente por más de una década pugnando por políticas de sanidad veterinaria, justificada y legítimamente desde el rescate de sus años de experiencia y conocimiento de las necesidades de la población hidalguense.

Una verdadera política de sanidad veterinaria necesita componerse de formación profesional, experiencia técnica, así como ser gestada por procesos participativos y democráticos que incluyan a la sociedad civil. De lo contrario, la emisión de propuestas carentes de fondo y estructura, quedarán como promesas que el viento pachuqueño o mineralense fácilmente puede llevarse.

Comentarios