Varios eventos han mostrado la capacidad de organización de la sociedad mexicana, que pareciera por momentos estar en condiciones de incidir radicalmente en un cambio en la forma de hacer política, sin embargo, la desmotivación social recurrente parecen reiterar lo que el afamado historiador Adolfo Gilly definió como la revolución interrumpida; un proceso inacabado e incompleto que viene desde la Revolución mexicana y que acompaña tristemente a las generaciones de la actualidad: baby boombers (1946-1964), generación X (1965-1979), generación Y ó millennial (1980-2000) y, finalmente, la generación Z ó centennials (2001 a la fecha).
El 2017 fue el año de la posibilidad. El llamado gasolinazo a principios del año aglutinó las inconformidades de una gran parte de la población, que parecía que ajustaría cuentas con su clase política, a quien le reclamaban el incremento del precio del combustible. La inteligencia del Estado sembró el miedo, la inacción y la paralización social que se coronó con el triunfo de Alfredo del Mazo en el Estado de México, convertido en el modelo de laboratorio nacional a seguir en el largo plazo para mantener el poder político.
Los sismos del 7 y el 19 de septiembre representaron otro momento de coyuntura que demostró el músculo que tiene la sociedad civil en momentos de desgracia. En muchos sentidos las instituciones quedaron rebasadas porque las tareas de rescate y acopio de víveres fueron coordinadas por la generación millennial, que había estado adormilada pero que asumió la responsabilidad histórica de encabezar estos trabajos.
Los días han transcurrido y la efervescencia de la solidaridad social ha bajado su intensidad, las redes sociales se han convertido en el anecdotario de la tragedia, sin vislumbrarse una propuesta de refundación de la relación entre la sociedad civil y su clase gobernante.
Durante los sismos, la sociedad tuvo varios aciertos en sus modos de organizarse y que derivó en varios resultados positivos que esperemos se fijen en su memoria. Por ejemplo, la sociedad civil presionó a la clase política y logró que cerca de 6 mil 700 millones de pesos, que se destinarían a los gastos partidistas del próximo año, se volcaran a la ayuda a damnificados, por lo menos hasta ahora ha sido el discurso reiterado de varias fuerzas políticas.
Sin embargo, esta cantidad es insuficiente para hacer frente al compromiso de la reconstrucción de las entidades afectadas. La siguiente batalla que debe de estar en lograr antes del 15 de noviembre la reasignación de 15 mil millones de pesos destinados al aparato legislativo (diputados y senadores) para la reconstrucción de las entidades devastadas por el sismo, para que en suma con los recursos del Fonden (9 mil millones de pesos aproximadamente) se logren los 29 mil millones que hacen falta para hacer frente en su totalidad a esta contingencia.
A pesar de estas victorias recientes, se muestra todavía un colectivo incapaz de aglutinar esfuerzos en el largo plazo. Somos un pueblo de manifestaciones efervescentes y con una endeble memoria, la cual sigue siendo aprovechada por una clase que aprovecha y capitaliza todo en su favor, incluyendo la desgracia y dolor ajeno.
Nuestra sociedad debe transitar del “ya merito” al “lo hicimos”. Urge la profesionalización de la función pública y la participación activa de todos, menos política de selfies y más de acciones en favor de las mayorías. Nuestros hijos agradecerán o reclamarán lo que hagamos o dejemos de hacer, de esa magnitud es el reto.

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