La lucha por los derechos humanos sigue siendo una tarea pendiente para nuestro país. Pese a que ya existe un entramado institucional y una base legal para hacer efectivos los derechos humanos, estos son aún un ideal, una entelequia que no tiene cabida plena en el mundo de nuestros días. Una prueba de tan temeraria afirmación es lo que publicamos hoy en nuestra portada: resulta que de las 24 recomendaciones por tortura emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) en los últimos 14 años, en ninguna hubo reparación del daño a las víctimas o sus familias por parte de la Secretaría de Seguridad, Procuraduría General de Justicia del estado y la alcaldía de Tulancingo. ¿Qué mensaje implícito contiene este dato? Es, literalmente, un llamado a que las autoridades sigan torturando, al cabo que no pasa nada, no hay consecuencia alguna. Veamos los números: de las 24 recomendaciones, seis fueron aceptadas. Y 18 fueron aceptadas parcialmente y de ellas cuatro continúan en proceso. ¿Y qué pasó con las aceptadas? “Hasta el momento, en ninguna de las recomendaciones se ha efectuado la reparación del daño a las familias o víctimas de tortura”, respondió la comisión. Entendemos que la CDHEH solo puede recomendar, pues así es la ley. Ya es tiempo de buscarle dientes a la ley, si no, ¿cómo para qué? De filón. Vaya numeralia la que se dio a conocer ayer: durante los primeros cuatro meses de 2017 el estado registró 81 asesinatos, de los cuales, al igual que las violaciones sexuales, cerca de 20 por ciento ocurrió en la capital del estado. ¿Ya vendrá una estrategia conjunta para evitar que esta tendencia criminal continúe?

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