La semana pasada el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado denunció el uso político, faccioso e inequitativo de los recursos públicos suministrados a las entidades federativas por el gobierno de la República. Según el político, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha condicionado la entrega de recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al Ramo General 23 de provisiones salariales y económicas, en el renglón de desarrollo regional, como represalia a las investigaciones derivadas de un posible desfalco al erario público cometido por el exgobernador Duarte y bajo conocimiento aparente del gobierno federal.
Los argumentos de este gobernador fueron razones suficientes para que una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, académicos y al menos 420 empresarios chihuahuenses dieran su respaldo inmediato a la administración local en el reclamo hecho a la federación. Asimismo, las redes sociales se inundaron con comentarios de apoyo y empatía hacía la denuncia hecha por el gobierno chihuahuense.
La reacción ante el reclamo ha sido la descalificación simplista y opaca por parte de las autoridades del gobierno de la República y del candidato oficialista, hecho que significa una afrenta no solo a un gobierno local, sino a la endeble democracia del país. Porque se sienta precedente para que cualquier actor social que haga alguna denuncia, independientemente de su filiación ideológica o partidista, sea objeto de descalificaciones como las emanadas por la federación.
Ante los eventos descritos, surgen por lo menos dos elementos de análisis que no debieran escapar al escrutinio de todos los ciudadanos mexicanos, integrantes del llamado pacto federal. El primero es que todos los integrantes, incluyendo las instituciones, tienen derechos, obligaciones y sanciones, por lo que son ellas las que deberían en primer lugar cumplir con esos principios. Sin embargo, la opacidad y secrecía hasta ahora han sido erróneamente activos del poder federal que ha utilizado contra los gobiernos estatales opositores, por lo que la negociación federalista no se hace en la arena del combate a la pobreza y desarrollo de las entidades, sino en el ajuste de cuentas y revanchismos políticos.
El segundo elemento de análisis radica en la reacción del gobierno federal y de un precandidato que ha olvidado los límites de su competencia, porque es candidato y no gobierno o funcionario en turno. Ambos se han mostrado incapaces de presentar argumentos claros frente a las denuncias de corrupción y resolver o aclarar el problema de fondo.

Lo que nos queda por hacer

Ante estas dos observaciones, la ciudadanía de todo el país debe insistir en hacer vigente la vieja consigan leninista “si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Actúa”. Solo así, actuando, informándonos, participando, votando, rechazando los beneficios con los que pretenden que rentemos nuestro futuro durante seis años, podremos evitar el desvío de recursos públicos hacía las campañas electorales, arcas estatales saqueadas, políticas fallidas sin responsables, actos despóticos contra ciudadanos o despliegues autoritarios de un sistema federal.
Nuestra sociedad tendrá que salir a votar, los jóvenes sobre todo; tendrá que definir si prefiere seguir en una pasividad o actuar, si prefiere autoinmolarse valorando más el futbol de un campeonato que su responsabilidad de tener un voto informado para la elección.
Veremos si perpetuamos la ausencia de ciudadanía en las decisiones públicas o saldremos a llenar “las grandes alamedas”, a cuestionar a los candidatos, a crear un debate constructivo que nos permita ser sujetos de nuestro destino y no objetos inertes y manipulables. ¡Sembremos futuro!

Autores:

Mario Cruz Cruz,

Raen Sánchez Torres, Asesor Legislativo
Email: [email protected]

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