¿Sabías que?
En México tenemos una unidad de inteligencia financiera que de conformidad con el artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la instancia central nacional para: recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Las principales tareas de la unidad de inteligencia financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el código penal federal: operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional, terrorismo internacional o financiamiento al terrorismo.

Es importante señalar que las actuaciones de la unidad de inteligencia financiera han violado dos derechos fundamentales, la presunción de inocencia y la garantía de audiencia, pues quienes son afectados no cuentan con la posibilidad real de una defensa ante la autoridad que impone la medida de suspensión de los clientes con respecto a los servicios y operaciones que les facilitan las instituciones de crédito, ya que se congelan cuentas, sin estar abierto un proceso penal o una orden de aseguramiento del Ministerio Público.
Lo anterior es en extremo lesivo para ese derecho fundamental que es la presunción de inocencia; asimismo, es importante señalar que las instituciones bancarias deberían comunicar por escrito al cliente o usuarios que fue introducido en la lista de personas bloqueadas.
“Al buen entendedor, pocas palabras.”
¿¡Usted qué opina!?

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