El campo de la educación superior ha cobrado especial relevancia, en virtud de que estamos viviendo una etapa de transformaciones en las que podemos identificar al menos dos dimensiones de análisis: como nivel educativo, que forma para la producción de conocimiento, el ejercicio profesional y la conformación de ciudadanía y, como espacio institucional, donde se desarrollan prácticas para su funcionamiento.
La velocidad en la producción de conocimiento ha aumentado; las áreas interdisciplinarias están creciendo notablemente; la disciplina como tal, está siendo cuestionada; los límites entre disciplinas se están borrando; la universidad se vuelve centro de atención de la sociedad y se mantiene en la cúspide del sistema educativo, pues marca el ritmo y producción de conocimiento científico y tecnológico, visible en el incremento de la demanda de posgrados.
De acuerdo con Guillermo Villaseñor, los componentes básicos de las instituciones de educación superior (IES) se han reestructurado con base en dos ejes: el cultivo de conocimiento, con sus exigencias filosóficas, científicas y metodológicas y, el servicio a la sociedad, como consecuencia de aceptar que ciertas necesidades sociales requieren del conocimiento para ser solucionadas y que éste puede ser aportado por las IES. Lo que explica, en parte, la función social de las IES, en particular de las universidades públicas. No obstante, en este carácter de la universidad se advierte una política “hegemónica” o “dominante”, con clara orientación neoliberal, cuyos principios están incidiendo en la redefinición de la función social de las IES, pues éstas ya no solo se ocupan de satisfacer el cultivo del conocimiento y el beneficio a la sociedad, sino que deben buscar la injerencia de y en los mercados internacionales de producción y transmisión de conocimientos: valores y principios que orientan tal modelo.
La función social de la universidad pública mexicana se ha transformado históricamente; desde mediados del siglo pasado ha sido condicionada por un conjunto de proyectos modernizadores. Los cuales, de acuerdo con Ángel Díaz Barriga, se engloban en tres momentos: 1) desarrollista (1950-1970), basado en la sustitución de importaciones, orientado por el desarrollo económico con énfasis en la industrialización controlada nacionalmente y complementado con un proyecto de modernización universitaria que delineara la formación de recursos humanos para la industria y los servicios; caracterizado por la armonía entre universidad y Estado, en el que los egresados obtienen empleo y el Estado capta a sus cuadros.
El segundo momento (1970-1982), derivado del conflicto estudiantil de 1968; mantiene la perspectiva desarrollista, pero a la luz de otras condiciones socio-políticas y económicas, bajo la premisa del desarrollo compartido. En una “relación de consenso entre Estado y sociedad”, y como respuesta a dicho conflicto, la reforma educativa de su tiempo, impactó notablemente al incluir a todos los niveles educativos. Se crean los institutos tecnológicos, se expande la educación técnica y se genera el proyecto de modernización universitaria, que incorpora nuevos elementos pedagógicos.
El tercer momento (1982 en adelante), se caracteriza por un proyecto de modernización asentado en la política o “paradigma” neoliberal, donde los fines y funciones de la educación superior en el contexto del desarrollo nacional entran en crisis; finaliza el periodo de consenso Estado-sociedad. Su modelo supone la implementación de un nuevo proyecto educativo, cuyos efectos, según Díaz Barriga, son: a) reducción del gasto público en educación (concretamente en ciencia y tecnología; b) establecimiento de un sistema de evaluación que mida el desempeño institucional y, c) concebir a la educación superior más como gasto que como inversión.
Este último periodo deja entrever el nuevo papel que asume el Estado frente a las instituciones de educación superior, pues como afirma Díaz Barriga, el Estado mexicano modificó radicalmente su discurso, su acción política y sus mecanismos de financiamiento hacia la universidad pública. Dejó de ser una institución valorada y reconocida, para ser profundamente cuestionada y presupuestalmente abandonada.

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