La CNTE será a la reforma educativa lo que los macheteros fueron al fallido proyecto del nuevo aeropuerto en tiempos de Fox. Una mala negociación política de arranque envenenó la posibilidad de resolver un problema urgente y necesario: mejorar la calidad de la educación pública.
Nuestra tara política no es que se negocien los términos de un proyecto oficial para aplacar protestas y marchas. En una sociedad democrática la política debe ser entendida justamente como la conciliación de las diferencias de los distintos sectores que forman parte de la comunidad. Y esto supone ceder, contraproponer, encontrar puntos de encuentro a la mitad del camino.
Por desgracia no es eso lo que ahora transitamos. El problema es cuando estas negociaciones, ahora desesperadas, son producto de la soberbia y la cerrazón originales, y se termine por ser rehén de la violencia generada por tal cerrazón. En tales casos, lo más probable es que la reforma resultante abone a los caprichos y a los reclamos por prebendas a favor de los políticos profesionales del magisterio, no necesariamente de los docentes.
Existía consenso sobre la necesidad de una reforma educativa profunda. Todos los diagnósticos daban cuenta del deplorable nivel de nuestros escolares y del uso y abuso del sindicato magisterial para fines políticos y electorales, ya fuese a través del SNTE o de la CNTE, la organización disidente del sureste mexicano.
Como sucedió en su momento con la guerra contra el narco, el problema con esta reforma educativa es que no se emprendió por los motivos legítimos (resolver un problema acuciante) sino para atender una necesidad política: en este caso promover la candidatura de Aurelio Nuño a la presidencia del país. La misión fue encomendada a un joven técnico sin la mano izquierda necesaria para abordar la intrincada negociación que requería sensibilidad y madurez. Lejos de eso, Nuño creyó que exhibir mano dura y nula flexibilidad abonaba a la construcción de un perfil autoritario como el que requería el país.
Hace una semana, en este espacio, argumenté que Aurelio Nuño es ya un cadáver político, al menos de cara a la sucesión presidencial. El grupo de Peña Nieto cometió un pecado político y cosechó su penitencia. Pero el daño es mucho mayor que eso y lo pagamos todos.
Y no solo porque hay, en efecto, un costo económico y social enorme como resultado de las marchas y plantones, particularmente en las regiones que resultaron literalmente ahorcadas en el sureste en los últimos días. El costo al mediano plazo es aún mayor, porque revela a los grupos inconformes que solo mediante la violencia el gobierno va a atender sus reivindicaciones. La moraleja que deja este conflicto es que mediante el daño a terceros es la única vía de los sectores agraviados para ser escuchados por el Estado.
Que los pobladores recurran cada vez más al linchamiento para responder al cáncer de la delincuencia, que las comunidades rurales quieran armar a sus tropas de autodefensa o que los grupos políticos marginales se sientan obligados a provocar embotellamientos y entorpecer la vida de cientos de miles de ciudadanos es un fiel reflejo de que el Estado está siendo desbordado por muchos frentes.
La eficiencia de un sistema político se mide en buena medida por su capacidad para gestionar con eficiencia las tensiones que brotan en su seno. Cuando un matrimonio se ve en la necesidad de romper media vajilla cada vez que surge una discusión podemos apostar por una separación inminente.
Y desde luego aquí hay más consecuencias que una vajilla rota. La pérdida de vidas en Nochixtlán es irreversible. Pero ciertamente se agradece que después de eso el gobierno haya preferido negociar que reprimir (al menos hasta el cierre de esta columna). A nadie escapa que el conflicto pudo terminar en un baño de sangre con consecuencias imposibles de predecir.
No sabemos cómo concluirá este proceso. Pero me queda claro que en más de un sentido, todos hemos perdido. Por una reforma educativa que pudo ser (no la de Aurelio Nuño, sino la que podría haberse diseñado desde el principio con los maestros sentados en la mesa de negociación); por los costos y contratiempos que han provocado las marchas y plantones; y, sobre todo, porque deja en claro que la única defensa de los grupos disidentes en contra de la incapacidad o el autoritarismo del Estado es la protesta que lesiona el interés público. Mala cosa para todos.

@jorgezepedap
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