Días aciagos y de permanente inquietud nos toca vivir. Las cifras y reportes de inseguridad social toman sentido cuando una es víctima de robo y violencia, y nos convertimos en una cifra más, si denunciamos, o en el estimado de las personas que no reportan esa triste situación. Los discursos, menos los de campaña, son suficientes para atajar ese problema que no por cotidiano debemos normalizar.

El viernes pasado acudí a entregar una documentación a Ciudad Universitaria. Al concluir el tema, y de acuerdo a la hora, decidimos, mi hija y yo, comer en Plaza Universidad. Todo seguro porque es un estacionamiento de paga, con gente que va y viene, cuidadores que por módica propina apoyan “vigilando”, orientando para estacionarse, informando de los lugares desocupados y, por supuesto, yendo a pagar el boleto del estacionamiento.
Todo iba bien, hasta que decidimos ir al auto por un recipiente no desechable para guardar parte del primer platillo, porque era abundante. La sorpresa fue mayúscula: ¡¡¡la cajuela vacía!!! Llevábamos dos mochilas con ropa de cambio porque íbamos a viajar más tarde a la Ciudad de México, libros, llaves y cables de celulares.

La reacción inmediata fue reportar a los vigilantes uniformados el robo, ellos nos indicaron que debíamos avisar a la administración para poder verificar las cámaras. Me acompañó uno de ellos a una oficina ubicada entre dos locales. El responsable, nombre que el policía no quiso darme, ni siquiera salió, ni me atendió. Una vez que terminó su llamada telefónica y luego de escuchar al policía, le indicó que me informara que primero debía ir al Ministerio Público a levantar la demanda para que pudiera yo ver las cámaras. Vaya forma “eficiente” de resolver el tema: insensible y burocrático.
Si tuviera la mínima intención de atender el problema, prevenir y cumplir su papel, debió revisar las cámaras, imprimir la cara del sujeto e indicar a sus elementos policiales que estuvieran vigilantes si lo veían, seguramente Plaza Universidad es uno de sus lugares de “trabajo”, su campo de acción.

¡Ver para creer! Entonces cobran sentido los encabezados que reportan el incremento de violencia en nuestro estado, en nuestra capital: en Pachuca se cometen uno de cada cuatro robos, de los incidentes de todo el estado, 2 mil 525 en tan solo los dos primeros meses del año, el 23 por ciento suceden aquí. “Datos que reflejan que el delito de robo se cometió 250 veces en enero y 330 más en febrero (según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al corte del 28 de febrero de 2018)”. (https://www.am.com.mx/2018/03/25/hidalgo/local/se-cometieron-580-robos-en-pachuca-en-lo-que-va-del-ano-450789-450789).
A esa información, “tipo” que leemos, escuchamos o vemos por todos los medios de difusión, nos vamos acostumbrando. Incluso, como en mi caso, los responsables de garantizar o monitorear la seguridad van señalando a las víctimas de ese tipo de violencia como “culpables” por no estar alertas, por no tener el suficiente cuidado, por cualquier cosa imaginable y que puede detonar el robo. Los policías de esa plaza, dependientes de la administración que no se dignó a atenderme, me informaron que al no haber “cristalazo”, seguramente yo dejé el auto abierto, yo no era víctima, sino ¡culpable!
¿Qué decir? ¿Qué hacer frente a esa inmunda realidad?
A días de elegir, no solo autoridades locales y representantes legislativos, sino presidente del país, cabe repensar bien lo que dicen y prometen, porque la militarización pasada no brindó resultados, sino que confirma que la creciente violencia e inseguridad son parte y reflejo de políticas económicas que nos están llevando a la barbarie ante la falta de expectativas de vida y de futuro. La “jungla” es la figura metafórica más adecuada para el tipo de sociedad en que nos hemos convertido. La ley del más fuerte (o abusivo) es la que prevalece y se respeta. Los hitos de la política se naturalizan y se vuelven aspiración de vida: “el que no tranza, no avanza” y/o “un político (un ciudadano) pobre es un pobre político”.

Más allá de todo lo que se pueda decir, la realidad es avasallante y no se puede cambiar nada sino transformamos de fondo y forma las políticas públicas, económicas y sociales que se promueven. [email protected] [email protected] [email protected] nos prometen “el ahora sí”, pero quienes haremos el cambio somos [email protected] No nos engañemos, es hora de denunciar que México ha sido calificado y señalado como uno de los países más violentos e inseguros, así como corruptos: Amnistía Internacional (AI) denunció en Washington que aumentó la violencia en México durante 2017, así como los casos de desapariciones en los que está involucrada algún tipo de autoridad. (https://www.proceso.com.mx/523539/se-agravo-la-violencia-en-mexico-en-2017-amnistia-internacional).

Así que hay que exigir que nos digan cómo van a transformar toda esa situación y que nos dejen de hablar de buenas intenciones, de diagnósticos sin objetivo y de ataques y señalamientos entre unos y otros. El quid de lo queremos es saber qué harán concretamente y el reto nuestro como ciudadanía es involucrarnos y actuar para detener, revertir y transformar esa triste sociedad, de todos contra todos, en que nos hemos convertido.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.