La pandemia del Covid-19 ha provocado grandes estragos, generando la crisis sanitaria y económica más importante de los últimos 100 años. Las consecuencias negativas durarán por lo menos durante toda la próxima década, estiman las principales agencias internacionales. Por supuesto que esos efectos impactan mucho más en quienes menos tienen y en los grupos de mayor atención como niños, niñas o adultos mayores.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que en promedio la pobreza aumentará en un 10 por ciento producto de la pandemia y la UNESCO ha sido clara en reconocer que se han expuesto y profundizado las desigualdades estructurales de la sociedad, siendo las infancias las más afectadas, ya que se ha profundizado la brecha educativa. Por otra parte, el informe de la UNICEF “Impacto del Covid-19 en los niños, niñas, adolescentes y sus familias en América Latina” es contundente en señalar que: “El impacto del Covid-19 en la región está amenazando los derechos de los niños, niñas y adolescentes en una escala que no se había experimentado antes… esperamos interrupciones a gran escala en el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los servicios sociales que aseguran la salud, la alimentación, la vivienda, en el ingreso mínimo para la vida diaria y en sus derechos a una interacción social segura con la familia y la comunidad. Por ejemplo, como resultado del cierre de las escuelas, más de 154 millones de niños, niñas y adolescentes, aproximadamente el 95 por ciento de los inscritos, están temporalmente fuera de la escuela en la región y 80 millones de niños, niñas y adolescentes han dejado de recibir comidas calientes”. La propia Secretaría de Educación Pública reconoció que el 10 por ciento de los estudiantes de nivel básico y el 8 por ciento de nivel medio superior abandonaron sus estudios a causa de la pandemia del coronavirus. En ese sentido, la ONG Save of the Children estima que en México se debe reforzar la atención por parte del sistema educativo, ya que los efectos de la pandemia podrían rezagar a toda una generación. De allí entonces es que aparece la necesidad de fortalecer el vínculo entre la comunidad escolar, la familia y el gobierno para reforzar la protección de los y las niñas durante la crisis sanitaria. La evidencia es clara respecto al impacto negativo de la pandemia en las infancias a través de complejidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la brecha digital, la deserción escolar, el mayor trabajo infantil, la violencia intrafamiliar y la depresión, por decir algunos. Por ello, los gobiernos y las familias deben fortalecer las redes de apoyo y asistencia a los niños y niñas.

Las diversas capacidades del Estado deben estar a disposición de la niñez, ya que el impacto de largo plazo, producto del rezago educativo, afectará en la generación de capital humano, el desarrollo social, la desigualdad y el acceso a servicios y bienes públicos claves para el ejercicio de los derechos humanos. Por eso urge voltear a mirar que está pasando con los y las niñas en esta pandemia. Dado este contexto es urgente focalizar acciones públicas y reforzar los sistemas de protección de la infancia a través del despliegue de las capacidades asistenciales y la corresponsabilidad. Recordando que en el ámbito internacional, nacional y local los gobiernos y la sociedad deben salvaguardar, proteger y promover el interés superior de niños, niñas y adolescentes frente a la pandemia del Covid-19.

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