Siguen sin verse los efectos de las inversiones anunciadas por el gobernador Omar Fayad durante su primer año de gobierno. Hasta el décimo mes de la actual administración ya se habían captado capitales por más de 13.3 mil millones de pesos, cifra que fue superior a la meta de 10 mil millones establecida por el gobernador para su primer año de administración. Esto, por supuesto, es un logro, una cifra positiva que ha sido reconocida como una de las principales virtudes de este gobierno. No obstante, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), estas inversiones aún no se reflejan en el producto interno bruto (PIB) estatal. De acuerdo con el indicador, la actividad económica estatal volvió a caer. Esta vez la caída corresponde al segundo trimestre del año en curso y el descalabro fue de 2.1 por ciento. Se trata de la segunda caída consecutiva, pues durante el primer trimestre de 2017 fue de 1.9 por ciento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se anuncia tanta inversión y la economía sigue sin responder? En alguna ocasión el secretario de Desarrollo Económico Luis Romo Cruz explicó a este diario que las inversiones anunciadas en esta administración aún no se reflejaban en la actividad económica pues necesitaban tiempo para iniciar operaciones. No obstante, dijo que este mismo año comenzaríamos a ver resultados. La pregunta es, ¿para cuándo? Por lo pronto, mientras vemos los resultados de la teórica derrama económica, las cifras son frías y preocupan. Según el Inegi, en el segundo trimestre de este año las actividades primarias registraron una baja de 6.3 por ciento, en tanto que las secundarias, es decir, las relacionadas con la industria, cayeron 10.8 por ciento. Esta cifra es la que debería prender los focos rojos, máxime que es en este sector donde se supone que están llegando las inversiones. Las únicas que crecen, y eso a una tasa ínfima, son las terciarias, que apenas se expandieron 1.5 por ciento. Así lo dicen los indicadores. Ya veremos cuando la teoría llegue a la práctica. De filón. La de trabajo que se le viene a partir del próximo año a la secretaria de Contraloría Citlali Jaramillo Ramírez, ya que deberá estar al pendiente de que alrededor de 65 mil funcionarios, desde el nivel uno hasta el 15, incluidos sindicalizados, presenten su declaración patrimonial de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades.

Comentarios