Enrique Peña Nieto aseguró en septiembre de 2014, pretendiendo justificar su descarada corrupción, que esta era un asunto de carácter cultural en los mexicanos. Ya en 1975, a raíz del lema de campaña del también priista José López Portillo, el cual rezaba “La solución somos todos”, y que el ingenio popular transformó en “La corrupción somos todos”, por el despilfarro fastuoso y vil de ese mal gobierno haciendo referencia a que todos los mexicanos somos corruptos. Bueno, pues no es así, no debemos, ni podemos aceptar que esta sea la realidad. O porque la corrupción rampante de la clase política del país sea escandalosa y tenga muchos cómplices y otros lo acepten, no lo podemos asumir como generalizada de toda la población.
Hoy un asunto de enormes proporciones se está destapando con las investigaciones y detenciones que la fiscalía general del estado de Chihuahua está llevando a cabo, el caso es oportuno ya que desenmascara cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el PRI y el exgobernador Cesar Duarte Jáquez se coludieron para desviar fondos públicos a las campañas de ese partido en 2016, operados por Manlio Fabio Beltrones y su principal operador Alejandro Gutiérrez (encarcelado), y que están dando pie a una andanada de represalias al retener más de 790 millones de pesos de recursos extraordinarios conveniados a finales de 2017 con el gobierno panista de Javier Corral (de los pocos decentes que ese partido tiene), hombre del sistema que ha decidido actuar, denunciando y encarcelando –en una acción inédita– con pruebas y testimonios ministeriales de cuatro exfuncionarios estatales que confesaron cómo se roban los recursos públicos.
El modus operandi, hoy al descubierto, es una antigua práctica que todos los gobiernos federales del PRI y del PAN, y la mayoría de los gobernadores de todos los colores, realizan para financiar sus campañas políticas, para darse vida de reyes y para enriquecerse ilegalmente. Pero en este caso, lo denunciado tiene nombres y apellidos de los involucrados y cómo lo hacen, salpicando a Luis Videgaray –entonces secretario de la SHCP–, al titular de la unidad política y control presupuestal Alfonso Isaac Gamboa, dependiente del subsecretario de egresos Fernando Galindo, y a los exsecretarios del estado de Chihuahua Ricardo Yáñez, Gerardo Villegas y Antonio Enrique Tarín, que simularon compras por 250 millones de pesos, mismos que fueron a parar al PRI.
Además, estos dos altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda se mantienen en sus puestos y siguen operando políticamente los recursos públicos extraordinarios a través de diputados federales, senadores, líderes de los partidos políticos y de despachos con gestores “coyotes” vinculados directamente al PRI, PAN, PRD y PVEM, con sus rigurosos “moches” que van del 10 al 40 por ciento del monto total de los fondos que les etiquetan, también bajo un mecanismo sofisticado que garantiza su aprobación, transferencia, facturación, recepción de las obras, imponiéndoles hasta las constructoras, mismas que manejan precios inflados, formando así parte de este círculo de multimillonarios recursos que se encuentran en fideicomisos de la SHCP.
Recuerdo perfectamente en 2014, en una reunión entre alcaldes y diputados federales en la Cámara de San Lázaro, los primeros se quejaban de que no era posible acceder a los recursos federales concursables si no estaba de por medio el llamado “moche” que ya ni siquiera era del 10 por ciento, no, ya los mercaderes que ahí despachan como diputados llegaban a solicitarles a los munícipes hasta el 30 por ciento de los recursos que les etiquetaran, socarronamente el diputado que encabezaba la reunión pidió que se denunciara esta práctica, a lo que una alcaldesa le respondió: “¿Quién cree usted diputado que se va a atrever a semejante cosa? Sabe usted muy bien que quien lo haga estará condenado a no recibir más recursos que las participaciones y aportaciones que le correspondan a su municipio”. Efectivamente, esa práctica tan socorrida por los “coyotes” ha condenado a los presidentes municipales a año con año visitar a los diputados, andarlos “cazando” prácticamente en los pasillos con la esperanza de lograr etiquetar fondos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) o de recursos adicionales para sus municipios, hoy eso sigue vigente y uno de los despachos gestores más conocido es el del expresidente del PRI Beltrones, hoy amparado, pues el asunto de Chihuahua le quema y teme ir a la cárcel.
La torpe reacción del propio Peña Nieto, de su secretario de Hacienda José Antonio González Anaya, de su gris candidato José Antonio Meade y el ñoño Aurelio Nuño, exhiben su temor y nerviosismo, pues los agarraron con las manos en la masa, negando y descalificando estos graves señalamientos probados, esto los hunde más, ahondando el descrédito, la corrupción e impunidad de su gobierno, además de revelar y comprobar lo que la población ha visto en estos cinco años de su gobierno: que no son hombres de Estado, que quieren el poder para sus intereses mezquinos y que pretenden perpetuarse a como dé lugar. ¡Por eso la mayoría ciudadana los quitará el próximo primero de julio! Y a todo esto, ¿dónde están los verdaderos priistas que han sido desplazados y hechos a un lado por estos tecnócratas insensibles y corruptos?

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