Hay una máxima en la vida que reza: para resolver un problema se debe reconocer que existe. Así en las instituciones del poder público, y máxime la Procuraduría General de Justicia, donde el contacto directo con la ciudadanía es ineludible. Recientemente, el titular del despacho Raúl Arroyo González enumeró públicamente un par de deficiencias al interior de la dependencia, reveladas por la organización civil México Evalúa, mismas que están en vías de corregirse. Bajos estándares en litigación y debilidades para investigar son los problemas que enfrenta actualmente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que llevan con toda seguridad a otros escenarios como impunidad y corrupción. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI), la cadena de impunidad en Hidalgo mostró en 2018 un índice de 70.47 por ciento, mientras que en 2016 fue de 67.9 por ciento sobre los delitos cometidos. En buena medida, las deficiencias que se reconocen al interior de la PGJEH habrían alimentado las catalíticas cifras que revela el IGI. El procurador Arroyo atribuye los flagelos al funcionamiento del Sistema de Justicia Penal, que a tres años de haber iniciado operaciones en su totalidad en Hidalgo no termina de convencer, a pesar de las millonarias inversiones y los discursos alegres de sus gestores, no funciona del todo. Para cerrar la puerta a estos dos cánceres que afectan seriamente a la sociedad mexicana, es indispensable revisar las fallas en los sistemas de procuración de justicia. La pregunta es: ¿cuánto tiempo tardará? De filón. Increíblemente Hidalgo, con poco más de 8 mil kilómetros de caminos rurales, no tiene recursos etiquetados este año para ese tipo de brechas. Llamada de atención a la diputación federal.

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