Los derechos del público pasan por la conciencia que se llega a tener sobre ellos. Los derechos posibilitan el decir, expresar lo que queremos, pensamos u opinamos sobre ciertos programas, entretenimiento o productos mediáticos que nos ofrecen. Sin ese conocimiento y libertad no hay democracia que valga o se nombre como tal.

En América Latina, desde poco más de un lustro que defensorías de la región se agruparon en la OID para fortalecer vínculos y caminar en los mismos objetivos de ofrecer y garantizar las prerrogativas que deberíamos gozar la ciudadanía en este siglo XXI.

La OID se fundó en septiembre de 2014, durante el Primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, celebrado en Buenos Aires, Argentina. Vale retomar y conocer parte de los argumentos de su acta constitutiva para entender la razón de ser de la organización en el tema y, sobre todo, la importancia de ponderar los derechos de los públicos de esta era mediática.

Exponen:

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobaba por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, sostiene en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Que los Estados ratificaron ese derecho en los pactos vinculantes que siguieron a esa declaración. En el ámbito americano eso fue realizado a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que fue aprobada el 22 de noviembre de 1969 y que expresa en su artículo 13 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección…”
Que tal concepción de la libertad de expresión, contemplada en esas y otras declaraciones internacionales, ha sido la base normativa que ha fundamentado la existencia del denominado derecho humano a la comunicación, en la comprensión doctrinaria que la comunicación es una actividad social de interés público.

Que tal derecho humano tiene dos dimensiones, porque comprende el derecho a manifestar el propio pensamiento sin menoscabos o impedimentos y el derecho colectivo a recibir información y conocer la expresión de pensamientos de otras personas. Es desde esa perspectiva donde las audiencias son contempladas como nuevos sujetos plenos de derecho, en su capacidad de recibir, pero también de dar información.

Que eso ha sido reconocido explícitamente en las distintas leyes y proyectos legislativos relativos a la comunicación audiovisual que han surgido en los últimos años en América Latina, en procura de la democratización de la comunicación.

Que tales normativas crean o proponen crear, en el ámbito de los medios de comunicación, instancias que permitan la presentación de los reclamos, sugerencias y observaciones de las audiencias.

Que tales instancias se formalizan o proponen formalizarse a través de la creación de figuras o instituciones que ejercen una labor pedagógica, de promoción del derecho a la comunicación, y mediadora entre las audiencias y los diferentes actores de la comunicación.

Que la incorporación de la figura del defensor/a, mediador/a u ouvidor/a en los medios audiovisuales de América Latina se encuentra consagrada en las siguientes leyes, que se mencionan en un orden cronológico de sanción: Colombia (Ley número 335 del 20 de diciembre de 1996, artículo 11), Brasil (Ley número 11.652 del 7 de abril de 2008, artículo 20), Argentina (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 26.522 del 10 de octubre de 2009, artículos 19 y 20), Ecuador (Ley Orgánica de Comunicación del 13 de junio de 2013, artículo 73) y México (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 14 de julio de 2014, artículo 259-260-261).

Que tal figura también ha sido propuesta en los siguientes proyectos de ley o proyectos de iniciativas populares, que buscan limitar la formación de oligopolios y monopolios de la comunicación, que afectan las posibilidades de la diversidad y la pluralidad de voces, fundamentales para las audiencias de todas las democracias: Perú (anteproyecto de ley de radiodifusión pública, 31 de marzo de 2008, artículo 34, el cual se fundamenta en la Ley de Radio y Televisión número 28.278, 23 de junio de 2004, artículo 34 ), Brasil (proyecto de ley de iniciativa popular de la comunicación social electrónica, 22 de agosto de 2013, artículo 31), Uruguay (proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, 10 de diciembre de 2013, artículo 65-67) y México (iniciativa ciudadana de ley convergente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión presentada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, 4 de septiembre de 2013, artículos 220-224).

Que la existencia o propuesta de creación del rol de defensor/a, mediador/a u ouvidor/a en tales leyes y proyectos ubica a América Latina en un lugar destacado a nivel mundial en materia de defensa y representación de los derechos de las audiencias.

Que tanto las leyes relativas a los medios audiovisuales como la existencia misma de las defensorías de las audiencias o del público deben ser acompañadas por un trabajo colectivo de reflexión y de acción que permita hacer de la comunicación un derecho que, efectivamente, sea de doble vía y en el cual las audiencias tengan un rol protagónico.

Que resulta imprescindible en función de esos objetivos el intercambio de experiencias, el debate y la formalización de lazos de cooperación entre las defensorías de las audiencias de América Latina y otras instituciones vinculadas con la promoción del derecho a la comunicación.

Que a la fecha no existe en América Latina una organización que reúna a las defensorías de las audiencias que se encuentran en funciones en esa región y que promueva acciones conjuntas de difusión, capacitación e investigación, ni intercambio de resoluciones, fundamentos legales, estudios de casos y propuestas de acción frente a presentaciones específicas.

Por esas razones, las/os defensoras/es y exdefensoras/es de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual de América Latina firman la siguiente Carta de Intención con los objetivos de:

Realizar las gestiones tendientes para la creación de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, la que se identificará con la sigla OID”.

 

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.