Lava Jato pone en guardia a la elite política de Brasil

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Río de Janeiro

La constructora Odebrecht concluyó ayer un acuerdo con la fiscalía para revelar toda la información que posee sobre el desvío de dinero de Petrobras a cambio de la remisión de la pena, una acción que amenaza con sacudir al poder político brasileño en masa.
El acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht, la mayor constructora de Brasil y que está en el centro de los desvíos de dinero desde la estatal Petrobras revelados por la operación Lava Jato, también prevé el pago de una multa de unos 6 mil 700 millones de reales (unos 2 mil millones de dólares) que será abonada en el plazo de 20 años.
Negociado durante meses, el acuerdo involucra a casi 70 ejecutivos y altos cargos de la constructora, entre ellos el expresidente Marcelo Odebrecht.
La empresa, que llegó a tener 200 mil trabajadores y durante décadas fue la punta de lanza de la internacionalización de las constructoras brasileñas en África y Latinoamérica, se compromete a revelar todos los detalles y entregar documentación sobre los crímenes cometidos en las multimillonarias licitaciones públicas vinculadas a Petrobras.
Se trata de una fase crucial en la operación Lava Jato, lanzada en marzo de 2014 y que ya provocó la caída y detención de ministros, directivos de la petrolera, empresarios y del propio presidente de la Cámara de los Diputados Eduardo Cunha, quien llegó a ser tercero en la línea de sucesión de poder.
La “delación premiada” de Odebrecht supone una escala nueva en las investigaciones, y los analistas y los propios políticos admiten que las revelaciones de comisiones ilegales pagadas por la empresa a políticos de primer nivel en Brasil y en el exterior tienen la capacidad de “provocar un terremoto de gran magnitud” en este país suramericano.
El temor a las revelaciones, que podrían afectar al entorno del presidente Michel Temer, que sufre uno de sus peores momentos desde que asumió el poder en mayo, provocó acciones como el intento fallido del presidente del Senado Renan Calheiros de votar el miércoles en la Cámara alta una ley que pueda provocar la persecución penal de jueces y fiscales que “abusen del poder” en sus investigaciones.

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