Actualmente en México se debate la Ley de Seguridad Interior, que a decir del presidente de la República es una “imperiosa necesidad”, mediante la cual se pretende dar “mayor certidumbre a las fuerzas armadas”; con dicha ley se pretende delimitar los alcances subsidiarios en las tareas de seguridad en los estados y municipios.
Sin embargo son muchas más las voces en contra de que sea aprobada dicha ley, por ejemplo la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU–DH), externó que de ser aprobada se generarían riesgos mayúsculos en los derechos humanos, ya que presenta una ambigüedad de conceptos, en los que no se precisa, por ejemplo, qué son los “actos de resistencia” o “mismo de seguridad interior”, lo cual llevaría a una posible aplicación discrecional; viola el principio de necesidad, ya que la decisión de la autoridad ante situaciones que “comprometan” la seguridad interior se le otorga total libertad a las Fuerzas Armadas para que actúen de manera autónoma, sin una autoridad civil que las coordine; también les facultaría la posibilidad de resguardar los lugares de los hechos y poner a disposición de las autoridades a los detenidos; podrá reemplazar a la autoridad civil ante el poder militar, ya que favorecería un monopolio en la dirección y coordinación a favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas; así mismo carece de mecanismos de control por lo que las acciones de seguridad interior limitan su declaratoria de protección, así como la falta de mecanismos en rendición de cuentas sobre el avance de las medidas implementadas. La ley necesita de políticas que fortalezcan a las instituciones, así como de adiestramiento de las Fuerzas Armadas en las funciones que le concede la ley; es endeble en mecanismos de control del Ejército, por lo que se le otorgará “el uso legítimo de la fuerza”, pero lo importante es que carece de los principios de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia.
La iniciativa también presenta un debilitamiento de los derechos humanos, al ponerla en un estándar menor que la constitución, pues el documento la estipula como “preservar” y no como en la carta magna que refiere “promover, respetar, proteger y garantizar “; nuevamente se da carta libre a las Fuerzas Armadas, debido a que no tiene mecanismos de rendición de cuentas por violación a los derechos humanos. Limitará la protesta social, si bien menciona que si las protestas por motivos político-electorales se realizan pacíficamente no serán consideradas como amenazas de seguridad interior, pero nuevamente entra el dilema de definir qué se entiende por “pacíficamente” o qué es “riesgo” o “amenaza”, sin embargo, eso sería solo al excepción a la regla, porque entonces quedan sin protección los derecho a liberta de expresión, de asociación o de huelga.
Hay una ausencia a la trasparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas; existe entonces una amenaza a la autonomía de los organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, y el INE, ya que dicha ley contempla que los organismos autónomos deben proporcionar la información que requieran las autoridades. Dicha ley presenta problemas de inconstitucionalidad al vulnerar el pacto federal, hay una intervención en la jurisdicción de las entidades federativas y de inconvencionalidad, ya que el concepto de seguridad interior está invariablemente vinculado a regímenes autoritarios cuando se faculta a militares en labores de seguridad pública, lo cual contraviene a los tratados internacionales firmados por México.
Sin duda, la ley es controversial y violatoria de los derechos humanos por los motivos antes desglosados, si bien es cierto que desde el 2000 se intensificó la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y cobró mayor fuerza en el 2006 como eje de la seguridad, en este sentido el Ejército sí requerirá de un marco jurídico que oriente su intervención para detener el desgaste a su imagen y a los daños a los derechos humanos, ejemplos sobran: Aguas Blancas, Acteal, Tlataya, El Charco, Ayotzinapa, El Bosque, Atenco, Apatzingán, Temixco, entre otros más; todos significan crímenes de lesa humanidad, donde el factor común es la impunidad, por ello la Ley de Seguridad Interior vulneraría mucho más el Estado de derecho, donde se le otorgaría un poder desmedido a las Fuerzas Armadas, para que investiguen y detengan a civiles, además de contrarrestar las manifestaciones pacíficas, en suma, es indispensable que dicha ley sea reformulada para mantener los derechos humanos y el Estado de derecho.

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