El priismo hidalguense, antes de dejar el Poder Legislativo en manifiesta minoría –después de muchas décadas de hegemonía política–, está envuelto en un frenesí legislativo, aprovechando hasta el último minuto del periodo extraordinario que se cierra en unas horas para tratar de mantener algunas de las posiciones o condiciones de participación legislativa y política que no menoscabe sus aparentes derechos como nueva minoría del futuro Congreso, como hicieron durante tantas décadas con las otras fuerzas políticas que hoy son mayoría.

Tal vez emulando la experiencia de otros lugares del mundo, el gobierno de Omar Fayad quiere promulgar sus propias leyes de amarre que le garanticen las condiciones políticas mínimas para concluir su sexenio en 2022, introduciendo reformas de último minuto que de acuerdo a la forma en cómo votaron los ciudadanos en el último proceso electoral, serían rechazadas por una gran parte de la población.

Legislar desoyendo la voz de la ciudadanía encierra un peligro inminente, desde el punto de vista político a mediano y largo plazo. Cualquier ventaja que logren obtener las futuras fuerzas políticas minoritarias, tarde o temprano, serán revertidas y transformadas en un proceso institucional que favorezca los intereses de la mayoría de los hidalguenses. De igual modo, sin lugar a dudas los ciudadanos seguirán castigando duramente en los futuros procesos electorales a los que están pensando en sus paupérrimos intereses y no en lograr el bienestar para todos, en especial de los más jóvenes.

Resulta normal que cualquier gobierno después de un proceso de elección que marca un punto de cambio para la toma de decisiones busque asegurar la continuidad de proyectos e iniciativas que benefician a la población, triunfe en dichos eventos alguien de sus mismas filas partidistas o un líder de colores distintos. Se acepta, con beneplácito, que lo bueno y beneficioso perdure, pero lo malo y perjudicial es mejor dejarlo o hacerlo desaparecer. Pero es sorprendente que un gobierno que fue derrotado en una elección de manera tan clara, donde no quedan dudas del mensaje de los ciudadanos sobre el futuro del estado, busque legislar de la forma en que se está haciendo, esto recuerda por lo menos dos experiencias históricas lamentables: la dictadura de Francisco Franco y la de Augusto Pinochet; ambos buscaron que los nuevos gobiernos democráticos no pudieran alterar el orden establecido por sus autoritarios gobiernos, pero al mismo tiempo la historia ha mostrado que cuando existe la voluntad de cambio de la mayoría de los ciudadanos cualquier intento de amarre no perdura.

En las recientes elecciones, la ciudadanía vio la oportunidad para expresar su voluntad no solo por nuevos representantes y nombres en los tres niveles de gobierno, sino también para manifestar su sentir sobre los gobiernos que tienen, la anhelada revocación de mandato y los resultados son contundentes en Hidalgo como en Guanajuato; en el primero, los electorales reprobaron a sus gobernantes y en segundo los electores premiaron a su gobernador dándole la continuidad a su partido político. En Hidalgo se está viviendo una revocación de mandato en pleno ejercicio del gobierno.

Así, no resulta razonable que se busque mediante esa fiebre legislativa, modificar las relaciones de fuerza políticas que los electores plasmaron en las urnas, para beneficio de los mismos sectores a los cuales los ciudadanos les otorgaron menor peso para la transformación del estado. En efecto, esa es la naturaleza de las reformas que buscan cambiar la Ley Orgánica del Congreso, las facultades al Ejecutivo para la renegociación de la deuda y la reducción de magistrados del tribunal electoral.

Debemos recordar que la historia nos ha enseñado que las sociedades siempre evolucionan y que los muros que se construyen para obstaculizar esa evolución terminan siendo superados.

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