Ayer, el Senado aprobó por unanimidad: 78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, en vigor por ese organismo desde el 18 de julio de 1951.

El Senado en México lo discutió por primera vez en 1956, sin embargo, se oponía dicho convenio con la cláusula de exclusión que existía en la Ley Federal de Trabajo (LFT) de 1931. Esa cláusula se encontraba en el artículo 395 de la LFT y permitía a los sindicatos pedir al patrón la separación del empleo del trabajador expulsado del sindicato al que pertenecía; esa cláusula era fundamental para fortalecer el corporativismo que caracterizaba a México en aquellos años, ya que era esencial que el empleado perteneciera a un sindicato para que el gobierno, a través de los sindicatos, tuviera el control de ese sector. Sin embargo, esa cláusula no solo era antidemocrática, sino que iba en contra de los derechos laborales, y es hasta el 17 de abril de 2001 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad, declararla inconstitucional.

Sin embargo, debido a la existencia de esa cláusula, la OIT no avaló el convenio con México por las reservas que presentaba, así que lo rechazó y se quedó sin ratificar los siguientes años, hasta ayer que el Senado de la República lo aprobó sin reserva legal alguna.

¡Cuántos años tuvieron que pasar para lograr eso!

El Convenio 98 consiste principalmente en que: “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo”, y “deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”.

Con esa legislación internacional, entre los puntos que ayer se aprobaron en el Senado fueron: el trabajador deberá estar protegido contra todo acto que pretenda relacionar su empleo con la condición que no se afilie a un sindicato o que deje de ser integrante del mismo; las organizaciones de trabajadores y empleadores quedarán protegidas contra cualquier acto de injerencia entre sí, es decir, unas contra otras; se deben crear organismos que estimulen el desarrollo de procedimientos de negociación, que además garanticen el derecho de sindicación; los trabajadores podrán elegir libremente el sindicato al que quieran pertenecer y pueden elegir a los dirigentes que quieren que los lideren. De igual forma, la contratación colectiva que les dé seguridad y protección a sus trabajos.

Esos derechos que parecieran una obviedad en cualquier democracia no lo son para México, de hecho, en la actualidad se siguen dando casos de obligatoriedad de pertenecer a un sindicato; contratos de protección a favor del patrón –en detrimento del empleado– y que, además, muchas veces ni se conocen, falta de libertad en la elección de los líderes sindicales, se sigue observando control y represión en esos temas. Para muchos sindicalizados es claro que si no votas por el “líder que ya tiene el apoyo” pueden quitarte el empleo o recibir algún tipo de “castigo” o ser excluido de los beneficios laborales; también, sigue presente la famosa “toma de nota”, que consiste en que la Secretaría de Trabajo avale al líder sindical.

Mientras esos temas continúen, la libertad sindical es un camino aún por construir, y cualquiera de los mexicanos que estén al interior de un sindicato lo tienen claro, pero el paso que dio ayer el Senado es importante y hay que ir por más, las condiciones labores en México lo ameritan, ¿o usted qué piensa?

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