Luego que un juez argumentó que los documentos en los que supuestamente se le imputan no fueron adecuadamente presentados

ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México.- Un juez federal decidió no vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de programación y presupuesto de la Sedatu, por la presunta autorización ilegal de más de 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I Madero (UPFIM).

Fernando Payá Ayala, juez de control del centro de justicia penal federal del Reclusorio Norte, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció los datos mínimos suficientes para procesar al exfuncionario por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El exservidor fue imputado de autorizar a la tesorería de la Sedatu, que dependía de su dirección, el pago de 185 millones 839 mil 480 pesos a la UPFIM por los servicios para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.

La fiscalía sostuvo que la universidad hidalguense subcontrató a terceros por un porcentaje superior a 49 por ciento del convenio, lo cual es ilegal, y que el dinero presumiblemente fue destinado a empresas fantasma, por lo que tampoco hubo una contraprestación.

En una audiencia celebrada ayer, los fiscales federales acusaron que la dirección que estaba a cargo de Báez, a través de la tesorería, autorizó los pagos a la UPFIM con nueve facturas irregulares, mismas que no revisó.

En ninguna de ellas fue desglosado el impuesto al valor agregado (IVA) y en al menos cuatro se facturó en favor de un convenio distinto al firmado por la Sedatu con la universidad.

El convenio original es el SEDATU/DGAPADN/UPFIM/33901.03/2016 y las facturas referidas fueron emitidas con base en el convenio SEDATU/DGAEG/33901.03/2016.

La fiscalía basó la imputación con base en el reglamento interior de la Sedatu, en su artículo 31 fracción ocho, que otorga a la dirección de Báez las facultades de realizar trámites de pago del presupuesto de la secretaría y “vigilar su aplicación en las unidades administrativas”.

También alegó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a los ejecutores del gasto a realizar las contrataciones conforme a la normatividad aplicable.

Al mismo tiempo, los fiscales aludieron al código fiscal de la federación, en particular su artículo 29, que refiere que quien utilice comprobantes como las facturas, para efectos de deducciones fiscales, tiene la obligación de cerciorarse que sean correcto el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes.

Tras un debate en el que Francisco Áureo Acevedo, abogado de Báez, argumentó que no había prueba ni norma que acreditara que su cliente tenía la facultad para recibir facturas o que las haya revisado, el juez libró al exfuncionario.

Payá Ayala sostuvo que no había omisión de Báez con respecto a las facturas, al menos en los términos planteados por la fiscalía, porque la obligación para verificar los datos correctos de los comprobantes fiscales eran solo para el contribuyente, que en ese caso es la universidad.

“Si el trabajo no se entregó, eso no es reclamable al imputado, él justificó el pago, ese artículo del código fiscal genera una obligación parta el contribuyente, no puede generarle una obligación a quien recibe ese comprobante sino solo al contribuyente”, dijo el juez.

El juzgador precisó que su determinación no implica que la FGR pueda continuar con esa investigación y, eventualmente, volverla a presentar ante los tribunales.

Por ahora, la fiscalía también tiene otra opción, la de apelar el fallo del juez.

  • Francisco Javier Báez fue acusado de autorizar el pago de 185 millones 839 mil 480 pesos a la UPFIM

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