La advertencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre la morosidad empresarial para un cumplimiento efectivo de la normativa, quedó atorada en la agenda del gobierno estatal desde hace años. Para ser exactos, en marzo de 2013 el entonces titular del área Honorato Rodríguez Murillo reconoció que de las 85 mil empresas del orden estatal y federal que operaban en Hidalgo, solo 3 por ciento, 2 mil 550, contaba con licencia ambiental vigente. En 2011 el exdiputado local del Partido Verde Ecologista, que ingresó al anterior gabinete por la cuota partidista, amagó con la clausura de empresas en caso de que no tramitaran su permiso de funcionamiento. Sin embargo, para su sorpresa, reconoció que entre las que más contaminan está la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, ambas en Tula, ello, entre otras acciones según el exfuncionario, provoca que la contaminación en la región sea irreversible. En un comunicado enviado ayer por la secretaría del ramo, informó que en los últimos tres meses suspendió a 23 empresas por incumplir con sus obligaciones ambientales. Además de que solo mil 163 se mantienen al corriente. Más allá del indiscutible efecto demoledor al ecosistema, la evasión fiscal de las empresas involucradas representa un fraude, una fuga de varios millones de pesos para las arcas estatales. Este escenario nos recuerda la grave explosión en la empresa de pesticidas ATC, en abril de 2013 en el parque industrial de Atitalaquia. El siniestro dejó alarma, un alto grado de químicos peligrosos esparcidos en la atmosfera y una risible multa de 30 mil pesos. El alto grado tóxico de los químicos expuestos a altas temperaturas fue suficiente para que se considere como una de las seis emergencias ambientales más grandes en México, debido a sus características y consecuencias en la salud, según la Profepa. Días después autoridades medioambientales confirmaron que ATC no contaban con los permisos vigentes para operar. Ese hecho parece que lo recuerda perfectamente la gente de la Semarnat, por ello ha puesto en marcha un implacable operativo que ha dejado el cierre de 23 empresas en lo que va del año. Esto, seguramente emanado de la filosa política anticorrupción. De filón. Aunque Fitch Ratings consideró como nivel moderado la deuda del gobierno de Hidalgo, de 5 mil 693 millones de pesos a junio de 2016, la calificadora señaló que la entidad presenta niveles limitados de inversión, es decir si queremos salir del subdesarrollo, tenemos que ir en muletas.

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