Llega delegado polémico a PGR Hidalgo

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Hidalgo

Benito Jiménez / Agencia Reforma / Ciudad de México

Carmelo Marcos González asumió la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Hidalgo, en sustitución de Luisa Vera Andrade.
Marcos González es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exdirector de área de la coordinación de supervisión y control regional de la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo.
También fue subdelegado de procedimientos penales en 2016 de la PGJ en San Luis Potosí.
No obstante, el nuevo delegado de la PGR en Hidalgo es un funcionario cuestionado por activistas de derechos humanos y víctimas tras su paso en dependencias federales y estatales de procuración de justicia en Nuevo León, Baja California y San Luis Potosí.
El funcionario ha sido señalado por omisión en informes oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de comisiones de derechos humanos de Baja California, víctimas de violaciones de derechos humanos.
Uno de los casos en los cuales fue denunciado por actuar de manera omisa y negligente fue el de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, Francisco Arredondo Verdugo y Antonio Mercado Alonso, asesinados presuntamente por un grupo de militares en el campus universitario, en Nuevo León, en marzo de 2010.
Los soldados alteraron las evidencias y afirmaron que los estudiantes eran parte del crimen organizado, de acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/DF/027/2010.
Marcos González fungía como director de averiguaciones previas de la zona noroeste y estuvo a cargo de la investigación.

Familiares acusaron omisiones y retrasos en la indagatoria

En septiembre de 2016, la CNDH emitió la recomendación 45/2010 tras las protestas de los familiares de las víctimas, así como de organismos como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC).
En su paso por Baja California, Carmelo Marcos asumió el cargo de director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Mientras estuvo en el cargo, la menor Sara Benazir fue atacada el 7 de diciembre de 2005 por un grupo de jóvenes en Tijuana y posteriormente fue arrojada a plena luz del día desde un vehículo que la arrastró por las calles de esa ciudad fronteriza hasta dejarla agonizante. Después murió.
Familiares acusaron que la pésima investigación de Carmelo Marcos y otros altos funcionarios de la dependencia, entre ellos el entonces procurador y exsubprocuradora de esa entidad, Antonio Martínez Luna y María Teresa de Jesús Valdez Morales, permitió escapar al presunto asesino material, Emmanuel Valencia Pérez.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en el cual actúan como representantes de las víctimas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), durante las primeras investigaciones la PGJBC logró establecer la identidad del presunto responsable y tuvo varias pruebas para detener a Valencia Pérez, pero dos días después de su captura y al conocerse que era familiar de un funcionario judicial, la indagación cambió su curso y se dejó en libertad al acusado por “falta de pruebas”.
Como encargado de la dirección de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP), también fue señalado en diversas ocasiones, como en el caso de hostigamiento contra 12 líderes sindicales y activistas del PRD, como parte de las represalias del gobierno de Marcelo de los Santos, debido a las protestas y marchas efectuadas contra la actuación de la administración que encabezaba el mandatario estatal.
Asimismo, durante su gestión al frente de esa oficina en San Luis Potosí se reportó el multihomicidio de cinco mujeres en la zona de Tamuín.
De acuerdo con versiones de familiares de víctimas y activistas que intervinieron en el caso, las investigaciones registraron una cadena de errores e irregularidades y el hecho sigue impune.

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