Después de varios casos que cimbraron a la sociedad hidalguense, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) pisó el acelerador para crear y operar la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en Hidalgo. Fue el pasado lunes cuando, a través del Periódico Oficial del Estado, se notificó la creación de la fiscalía y ayer la PGJEH informó del nombramiento de Humberto Vieyra Alamilla, quien será el nuevo fiscal especializado en la materia. Vieyra tiene una trayectoria fincada principalmente en materia de derechos humanos, pues se ha desempeñado como proyectista, segundo visitador, primer visitador y visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo (CDHEH), institución en la que laboró durante casi dos décadas, según información de la propia procuraduría. También, recientemente, intentó ser el nuevo presidente de la CDHEH, en un proceso en el que finalmente se impuso el expriista Alejandro Habib Nicolás. El perfil de Vieyra Alamilla es pertinente para la responsabilidad que asumió desde ayer, pues son múltiples los agravios y violaciones a los derechos humanos de quienes sufren la desaparición de algún ser querido. Esto por un lado, pero también es necesario reflexionar sobre la celeridad con la que se está dando la creación de la fiscalía, que si bien es indispensable y urgente, no se está conformando con la participación de organizaciones civiles que tienen años de trabajo en esa materia. Como dice el dicho: no por madrugar amanece más temprano. Más vale que la fiscalía quede instalada y funcione adecuadamente, a que se cree de manera exprés y no cumpla con su trascendente misión. De filón. No hay que hacernos bolas: en el caso Cipriano Charrez quien debe resolver el asunto es la PGJEH. Más allá de espaldarazos políticos y de elucubraciones, las pruebas periciales deben hablar. ¿Podrá con ese reto?

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