Desde este espacio se ha insistido que la inseguridad y la corrupción generan distorsiones para llevar de forma idónea cualquier actividad productiva. Medir las percepciones (miedos e inhibiciones) y conjuntarlas con las afectaciones reales (patrimoniales y monetarias) es un reto al que se ha enfrentado un grupo multidisciplinario de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y otros centros de educación superior para calcular lo que pierden los empresarios hidalguenses por ser víctimas de las actividades de la delincuencia: asalto, robo, cobro de piso, extorsión, “el moche” y el compadrazgo.
No hay forma de promover la productividad de nuestra entidad ni aspirar a transnacionalizar las actividades (exportar) si no se combaten estos delitos, por lo que las políticas públicas deberán conocer fielmente la naturaleza de las regiones para asegurar condiciones ideales para la inversión y el desarrollo
productivo.
Durante 2015 y 2016, mediante un proceso de rigurosidad metodológica, se aplicó un instrumento de medición sobre victimización en materia de inseguridad y corrupción de los sectores productivos en Hidalgo, en el marco del proyecto Conacyt 215835, liderado por investigadores del área de comercio exterior del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) de la UAEH.
Los resultados obtenidos permitieron generar un modelo integral de cálculo de los costos del delito y la corrupción (MICCO), aplicado en el sector comercio de Hidalgo. Dicho modelo tiene la bondad de contar con tres grandes indicadores que miden la incidencia delictiva (corrupción, inseguridad, percepción de no impartición de justicia), un termómetro de violencia y un perfil regional del modo de operar del delincuente en el estado con su “grado de captura” institucional en los municipios estudiados.
La captura de las instituciones gubernamentales es un proceso que muestra la degradación de la función pública, que opera pero con diversas irregularidades que impone la corrupción. Así, las instituciones funcionan “mochas”, “cojas” e inhiben la inversión.
Hidalgo no crecerá si no se combate la corrupción

La encuesta de la ENVE 2014 indica que para 2013 los costos directos e indirectos derivados del delito en las unidades económicas de Hidalgo fueron de aproximadamente mil 653.8 millones de pesos y mil 257.7 millones de pesos, respectivamente. Es decir, cada empresa hidalguense gastó en promedio en medidas de protección y pérdidas a consecuencia del delito 40 mil 876 pesos anuales, siendo el comercio el sector más afectado.
Por su parte, en el trabajo de campo realizado en estos dos últimos años se tuvieron hallazgos sumamente alarmantes del fenómeno de la violencia y la corrupción. Los microempresarios del comercio de todos los municipios muestreados han destinado recursos financieros para protegerse de la incidencia delictiva. A través de los resultados obtenidos, se muestra que los recursos financieros erogados por la incidencia delictiva en las Mipymes comerciales en Hidalgo fue de más de 54 mil pesos anuales, ligeramente menor a la media estatal sugerida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 57 mil 779 pesos anuales.
Hidalgo no crecerá como debe si no se combate la inseguridad y la corrupción. Si la autoridad encargada de prevenir, contener y sancionar el delito no hace su labor de manera eficiente, seguiremos ocupando las peores posiciones de productividad del país, acompañado de los mismos indicadores de pobreza obtenidos en los últimos años.
El reciente nombramiento del primer Fiscal Anticorrupción del Estado de Hidalgo no es asunto menor. Varios cuestionamientos han sido vertidos en su designación, con el tiempo y sus acciones sabremos si su nombramiento es parte de los sueños democráticos que compartimos muchos hidalguenses o es parte de la continuidad sistémica de este cáncer instalado desde hace ya muchos años.

 

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