Los beneficios y los retos de la política de mejora regulatoria en Hidalgo

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HOMBRE

Nielsen Hernández
Estudiante de la maestría en
gobierno y asuntos públicos
en la UNAM

La instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en Hidalgo es, sin duda, un avance significativo para la entidad, pero al mismo tiempo un reto para esta administración.
Seguramente más de un lector se preguntará, ¿en qué nos beneficiará tener una Ley de Mejora Regulatoria? Desde hace más de 20 años, la mejora regulatoria ha sido un conjunto de políticas públicas para generar normas, trámites y servicios claros y simplificados para optimizar el funcionamiento de las actividades productivas y comerciales, incentivando así la competencia económica y un adecuado ambiente de negocios (Cofemer, 2017).
Lo anterior representa, en principio, tres ventajas potenciales. En primer lugar, cuando un ciudadano o una empresa deseen abrir un negocio, lo podrán hacer sin tener que enfrentar una serie de trámites tardados, inútiles y engorrosos, lo que redundará en que la posible inversión se quede en el estado.
En segundo lugar, se busca evitar posibles actos de corrupción. Para muestra la encuesta que publicaron hace unos días el Inegi y la Cofemer, en donde 64.6 por ciento de las unidades económicas dijo que hay corrupción cuando se quiere agilizar un trámite; 39.4 por ciento para evitar multas y 30.7 por ciento para obtener licencias (Inegi, 2017). En este sentido, las políticas de mejora regulatoria intentan ser instrumentos para inhibir redes de corrupción.
Y en tercer lugar, este conjunto de políticas, implementadas correctamente, generarían incentivos para que la ciudadanía confíe en los gobiernos e impulsen el emprendimiento.
Retos y desafíos

La instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en Hidalgo es solo un paso en la implementación de la Ley de Mejora Regulatoria. El reto, ahora, para el gobierno es crear la comisión estatal de mejora regulatoria con funcionarios públicos especializados y profesionalizados. Y a su vez, tiene la tarea de diseñar una política transversal y vigilar que los municipios se sumen a esta normativa, un asunto que no es menor, ya que hay evidencia de que es en los ayuntamientos donde existen serias carencias técnicas.

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