Este año, 2018, los derechos del público de medios se vuelve a divulgar en un libro llamado Fragmentario de la comunicación rupestre (Elvira Hernández Carballido, coordinadora, México: Elementum). De siete capítulos, uno de ellos se centra y desarrolla el tema de “Las audiencias, viejo actor de la comunicación y sus (¿nuevos?) derechos” (Josefina Hernández Téllez, UAEH).

El recorrido que hace la autora en este apartado va de la reflexión y precisión sobre los derechos de las audiencias al recuento de las diferentes defensorías de medios que han surgido en razón de ese concepto y realidad, que busca no solo garantizar sino educar en la voz y voto del público de todos los medios. El papel de las defensorías es alcanzar y cristalizar la autorregulación de contenidos en beneficio de las audiencias, de los lectores. Los datos en ese tenor fluyen y constituyen un repaso y recuento de cuándo y cómo surgen esos mediadores entre los medios y los públicos:

“En el país, desde 1992 hasta la actualidad, se ha caminado en este sentido, buscando a través de esta figura, garantizar la pluralidad, la objetividad y el equilibrio informativo. El primero y más cercano mecanismo para llevar a cabo el propósito de garantizar el derecho a la información profesión es el código de ética, con el que se supone deben contar todos los medios…”

El directorio de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA) reporta 26 medios con esa figura. Su presidenta fundadora, Adriana Solórzano Fuentes, ha encontrado que, pese a que todos los días nombran nuevos defensores en el padrón del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), solo aparecen ocho registros.

Respecto al entorno latinoamericano, México fue de los últimos países en legislar en materia de los derechos de las audiencias. La causa directa es el modelo de desarrollo de los medios masivos de difusión, impresos y electrónicos. Es decir, son empresas desarrolladas por intereses privados antes que públicos, razón por la que nos quedamos a la zaga frente a países de la región. Argentina promulgó en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su consecuencia fue la creación de la Defensoría del Público; en 2012 cristalizó esa figura con la designación de la primera defensora: Cynthia Ottaviano.

En Brasil, desde 2008 se creó la figura de Ouvidoría para atender el sistema público de radiodifusión. En Colombia, la ley 335 de 1996 obliga a todos los canales de televisión comerciales a contar con una defensoría y en 2006 se extendió esa ley a la TV pública.

México, Ecuador y Uruguay implementaron esas acciones entre 2013 y 2014, 20 años después que Colombia y cinco después que Argentina y Brasil.

Figura clave de esas leyes y esas acciones públicas y políticas son los mediadores, es decir, el defensor u ombudsman… La palabra ombudsman se ha popularizado pero su origen es institucional y sus alcances son delimitados. Hoy una de esas figuras más reconocidas es la del ombudsman de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con la información publicada por la ONU, los antecedentes del término ombudsman tiene su origen en Suecia, donde se utilizó en un principio para “designar al funcionario público encargado de examinar las quejas de los ciudadanos contra las organizaciones del sector público”. De aquí que los ombudsman funcionan dentro de organizaciones y a los que atienden quejas de contenidos se conozcan hoy como mediadores o defensores de audiencias.

No obstante la compleja actuación y alcance de actuación de las defensorías, por moverse dentro de intereses de periodistas, directores de medios y propietarios, la autora concluye después de rescatar la posición en el tema, de organizaciones civiles como A Favor de lo Mejor AC y repasar el papel de organizaciones nacionales e internacionales como Organization of News Ombudsmen (ONO), la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias (OID) y la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA), que “en México las defensorías de audiencias son ya una realidad. A pesar de su poco tiempo en funciones, su legitimidad y presencia permean ya la percepción política-ciudadana sobre su importancia y virtud… Es una figura que no debe perderse ni obviarse en sociedades mediáticas como la nuestra, porque en ello se juega la aspiración y fortaleza democrática”.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.