Los derechos del público de medios en Argentina

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Josefina Hernández Tellez

Hace unas semanas, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció a la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual de Argentina por la promoción de la equidad de género, con el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva.
El reconocimiento es prueba de los logros de una figura controvertida como son las defensorías de audiencias, en Argentina, en México y el mundo. Pues si bien se avanza y se consigue reconocimiento de los derechos del público de medios, sean impresos o electrónicos, lo cierto es que en la práctica se confirma la falta de entendimiento y ejercicio de una retroalimentación efectiva a través de la interlocución con nuestros receptores, llámense lectores o audiencias. Los señalamientos, la crítica, la interlocución incluso positiva, incomoda y no siempre se acepta por parte de quienes detentan el poder de la palabra, la imagen o el sonido. Sean empresarios, reporteros, conductores y toda la cadena que en el hilo informativo-opinativo intervienen. Prueba de ello en nuestro país es la controversia de MVS Noticias-Carmen Aristegui y su exdefensor Gabriel Sosa Plata y las decisiones ambiguas de los lineamientos para las defensorías de audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En Argentina, el ejemplo es la situación de impasse en el que se encuentra la Defensoría del Público, que hasta noviembre de 2016 tuvo como titular a Cynthia Ottaviano y que hoy funciona con firma delegada a la doctora María José Guembe, quien era la directora de protección de derechos y asuntos jurídicos de ese mismo organismo, pero que a pesar del nombramiento no tiene las facultades como titular, sino solo para realizar actos conservatorios de funcionamiento de la Defensoría.
De avances y retrocesos es la historia de esta figura que parece sentar precedentes aquí y allá, pero donde trabas y obstáculos se vuelven mayores y contundentes en un siglo y en un tiempo donde esos derechos no deberían escatimarse. En una entrevista, María José Guembe (“La acefalía limita el funcionamiento”, Washington Uranga, El País, 23 de julio de 17) reseñó bien su devenir y que en su ejercicio les valió el reconocimiento de la OEA, pero lo incómodo que puede resultar fomentar el ejercicio del poder de los públicos:
“En estos cuatro años, desde la Defensoría logramos amplificar el ejercicio del derecho humano a la comunicación y promovimos una perspectiva de diálogo y reflexión conjunta con todos los actores, de todos los ámbitos, como herramienta central para defender los derechos de las audiencias. Esa fue la impronta que le otorgó Ottaviano y que fue reconocida ampliamente como el camino más acertado para lograr cambios en las prácticas de la comunicación que vulneran derechos. En cuatro años recibimos y tramitamos más de 11 mil presentaciones; se hicieron 20 audiencias públicas con miles de participantes; se dictaron centenares de capacitaciones en todo el país; se fortalecieron los proyectos de comunicación audiovisual de medios comunitarios, campesinos y de pueblos originarios. Impulsadas por Gerardo Halpern, director de Investigación, se desarrollaron investigaciones en comunicación que no tenían antecedentes en el país y se impulsaron proyectos a través de convenios con el Conicet y distintas universidades en todo el país; se adoptaron recomendaciones, tal como establece la ley, para que las políticas públicas y las prácticas mediáticas respeten todos los derechos; y se acercó la herramienta de la Defensoría móvil a toda la población. Por todo esto, se logró un reconocimiento nacional e internacional que es muy relevante para un organismo del Estado.”
La alfabetización mediática marcó precedente en este país latinoamericano y constituye un ejemplo a seguir pero también una alerta porque su desarrollo desfavorece el control y en esa medida se toman decisiones drásticas y contra las audiencias de medios:
“La Defensoría del Público trabajó con todos los sectores del campo de la comunicación audiovisual. Al ser un organismo nuevo y tener entre sus tareas la difusión de la ley de comunicación audiovisual, la normativa y los valores allí planteados, una buena parte de las acciones fueron de carácter pedagógico. Trabajamos con medios comerciales, públicos y sin fines de lucro. Logramos interesantes espacios de reflexión con productores y directivos de medios privados que en general han tenido buena predisposición para recibirnos y cumplir con las recomendaciones. Desde la creación de la Defensoría se adoptó la decisión de trabajar especialmente con los sectores que durante años lucharon por una ley de servicios de comunicación de la democracia, muchos de los cuales estaban imposibilitados de ejercer el derecho humano a la comunicación con la ley de radiodifusión de la dictadura. La mayoría de esos sectores fundaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática que en 2004 presentó los 21 puntos por el derecho humano a la comunicación, que fue la base sobre la que se redactó el proyecto de ley luego aprobado en el Congreso. Más allá de la posibilidad de presentación de reclamos por parte de toda la ciudadanía, la interacción con sindicatos, unidades educativas de todos los niveles, medios comunitarios y de pueblos originarios, organizaciones que desde su práctica cotidiana reclamaban un lugar en los medios audiovisuales (como por ejemplo las asociaciones de personas sordas de todo el país, que reclamaban por la accesibilidad planteada en la ley) fue prioritaria y permitió a la Defensoría llegar a todos los sectores y a todas las provincias del país.”
En resumen, la doctora Guembe resaltó que el trabajo de la Defensoría del Público Argentina tiene su máxima expresión “al haber construido una agenda y herramientas de trabajo conjuntamente con las organizaciones sociales de los sectores históricamente vulnerados en el país, como personas LGTBI, las mujeres, las personas mayores, migrantes, afrodescendientes, jóvenes, personas con discapacidad, entre otros.” Augura que no puede haber marcha atrás porque son derechos reconocidos por leyes específicas, que lo que se espera es profundizar éstos “en un escenario de convergencia que es un fenómeno cultural, además de tecnológico y económico. Consolidar el derecho de todas las personas a la comunicación y a los contenidos; garantizar el derecho al pluralismo y la diversidad con protección de la producción nacional y la necesidad de restitución de medidas antimonopólicas, limitación de mercado y de propiedad cruzada de medios. También hicimos propuestas sobre la protección de niños y niñas en el acceso a los contenidos en todos los formatos y pantallas. En relación con la propia Defensoría, se propuso ampliar las competencias del organismo a las nuevas realidades que se regulen, para consolidar la ciudadanía comunicacional y no retroceder a una lógica de consumo.”
Sin embargo, los hechos difieren de la lógica de la libertad y de los derechos de las audiencias. En México y Argentina, “la moneda sigue en el aire”.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.