Ante el panorama desolador presentado en el ámbito de la procuración y administración de justicia en México se pretendió encontrar la solución mediante una reforma integral al sistema penal; sistema que entró en vigencia en todo el territorio nacional el 18 de junio de 2016.
Los resultados obtenidos hasta ahora no han sido los esperados, por el contrario se ha evidenciado la ineficacia e ineficiencia de sus operadores jurídicos, quienes lejos de hacer un adecuado trabajo siguen con las viejas prácticas impregnadas de corrupción, generando con ello en la ciudadanía frustración e inseguridad ante el embate de la delincuencia común. Situación eminentemente peligrosa, pues en la inseguridad ciudadana el estado encuentra el germen de una ideología y política reduccionista de libertades y violatoria de derechos humanos, exteriorizada a través del endurecimiento de penas y de la actuación policial, siempre contra los miembros de los grupos más vulnerables, en pobreza extrema de toda índole: social, alimentaria, educativa, económica y política, a quienes estigmatiza como causantes del aumento de la delincuencia.
Así, el control social institucionalizado es operado por el estado para perseguir con toda dureza los delitos del orden común y satisfacer la alarma social generada por él mismo; sin embargo, permite dejar impunes las conductas más graves de aquellos personajes que desvían o defraudan enormes sumas de dinero desde los puestos o encargos que detentan, cuando debieran estar al servicio de los ciudadanos.
Personajes coludidos con la delincuencia de redes para lavar dinero o traficar a gran escala con drogas y personas; además de hacerse de cotos de poder en diversas regiones del país formando cárteles, dirigidos por familias que para afianzarse en la región desplazan a grandes núcleos poblacionales, sembrando el terror mediante la desaparición forzada de personas; generan una violencia inédita, incluso se enfrentan con el ejército.
Los conflictos sociales no se hacen esperar: migración descontrolada, más pobreza, más corrupción, más violencia y el Estado se ve rebasado; basta ver las más recientes cifras sobre los resultados de la incidencia delictiva nacional de los presuntos delitos registrados en el periodo enero-febrero de 2017. Todo ello, necesariamente deviene en una militarización de los cuerpos de policía y en la represión de la protesta social que inevitablemente origina un mayor deterioro de los derechos humanos.

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