Los derechos de disentir, de expresarse, de ser informado veraz y oportunamente, pero sobre todo desde la ética y el respeto, parecieran ser derechos ganados y asentados desde hace mucho, mucho tiempo. Incluso, de sentido común básico de toda sociedad que se llame y precie de ser democrática. Sin embargo, a medida que creamos leyes y garantías básicas pareciera que nuestros derechos se desdibujan o quedan en discurso antes de que se vuelvan una realidad, o quizá porque ésta cada vez se aleja más del “ideal” de los derechos de las audiencias.
En nuestro país, la reforma constitucional del 2013 y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, los reconocen legal y formalmente, pero solo en letra. ¿Por qué esta afirmación?
La confirmación es simple: en su mayoría las audiencias no son críticas, es más ni siquiera saben que tienen el derecho de exigir, de inconformarse con contenidos y, menos aún, que deben ser atendidas y respetado cualquier señalamiento de la programación, de la publicidad, de los contenidos mediáticos en general.
Así quedan invalidadas disposiciones constitucionales y leyes específicas. Ni la Secretaría de Gobernación, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ni leyes o peticiones concretas valen. Seguimos viendo y padeciendo los contenidos mediáticos y de publicidad, que violan nuestros derechos en muchos y diversos temas. Los más comunes tienen que ver con la violencia entre géneros, la cosificación de las mujeres, la estereotipación de la niñez, entre muchos otros.
¿A qué se debe?

En México, sin duda, la causa directa es el modelo de desarrollo de los medios masivos de difusión, impresos y electrónicos. Es decir, son empresas, desarrollados por intereses privados antes que públicos. Razón por la que, pese al papel que juega nuestro país en el entorno latinoamericano, siempre nos quedamos a la zaga frente a países hermanos como Argentina y Brasil. Un ejemplo, con fondo, es que ambas naciones han sido ya dirigidas por presidentas. Argentina tuvo su primera mandataria en 1974: María Estela Martínez de Perón o Isabel Perón; y Brasil, en 2011 tuvo al frente a Dilma Rousseff. ¿México? ¡Impensable! Igual pasa con los mecanismos que garantizan los derechos ciudadanos de las audiencias.
Argentina promulgó en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su consecuente creación de la Defensoría del Público y en 2012 cristalizó esta figura con la designación de la defensora Cynthia Ottaviano. En Brasil desde 2008 se creó la figura de Ouvidoría para atender el sistema público de radiodifusión. En Colombia la Ley 335 de 1996 obliga a todos los canales de televisión comerciales a contar con una defensoría y en 2006 se extendió esa ley a la televisión pública.
México, Ecuador y Uruguay implementaron tales acciones entre 2013 y 2014, 20 años después que Colombia y cinco años después que Argentina y Brasil.
En nuestro país, a tres años de esa figura ya legal, son contados los medios que cuentan con este mecanismo de autorregulación: Canal 22, Canal 11, IMER, Radio Educación, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Radio Anáhuac, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Ibero 90.9, Canal del Congreso y Radio Universidad Autónoma de Querétaro. La general la creó la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, a la que sus agremiados pueden adherirse. (Adriana Solórzano Fuentes. Las defensorías de las audiencias en Latinoamérica. Revista Zócalo, diciembre de 2016. http://www.defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Art%C3%ADculoASFZocalo.pdf)
Este escenario explica por qué siguen prevaleciendo programas, productos, textos, publicidad, contraria a todo derecho básico de respeto y equidad humana. No tenemos aún la conciencia de que cada espacio debería contar con este mecanismo, mucho menos aspiramos a sancionar a quienes se empeñan en transgredir la condición ciudadana en muchos aspectos de los llamados derechos humanos. Blanco de esta acción repetida y transgresora son principalmente las mujeres y las niñas y niños.
Recientemente, por mencionar un caso más, en nuestro estado se promovía el concurso infantil Mini Belleza Latina Hidalgo, que sin mucho que pensar o analizar atenta contra el desarrollo sano de las niñas, pues las condiciona a cubrir estereotipos sexualizados que nada tiene que ver con su condición y sus talentos. Sobre todo si pensamos en el grave problema que representa en nuestro país la trata de personas, la pederastia y la inseguridad general para ese sector de la población.
Por fortuna, instancias federales y locales se movilizaron para alertar sobre este certamen por atentar, aunque sea de forma indirecta, contra los derechos de las niñas mexicanas. El 7 de marzo el Congreso federal pidió a 11 estados participantes prohibir su realización por atentar contra la dignidad de las niñas. (Tania Damián Jiménez. Piden 11 estados prohibir certamen Mini Belleza Latina. Ángulo 7, 16 de marzo de 2017. http://www.angulo7.com.mx/2017/03/07/piden-11-estados-prohibir-certamen-mini-belleza-latina/)
Si no se hubiesen movilizado representantes legislativos e instancias como DIF Hidalgo y Derechos Humanos, cabe preguntar si la sola alerta de la ciudadanía hubiera bastado y dónde están los mecanismos de protección a la niñez que no detectaron ni evitaron que se llegara casi a la concreción de este concurso.
Los derechos de las audiencias están lejos de ser una realidad. En principio porque se desconocen. Falta mucho camino por andar en la materia, éste es un claro ejemplo.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.