La lucha por el poder en México no solo no termina, sino que entra en un proceso de gran complejidad. Los campos de batalla se diversifican y multiplican, entre ellos están los que convergen en lo económico y legislativo, en el primero se identifica la intención de profundizar en el saqueo de las finanzas públicas, aplicando todos los mecanismos al alcance persiste la estrategia de desmantelar al país propiciando la insolvencia financiera, vía la corrupción y el despilfarro, como la ineficiencia operativa.

La deuda se ha incrementado en 80 por ciento y representa el 48 por ciento del producto interno bruto (PIB), equivalente a más de 10 billones de pesos. Lo pernicioso es la política de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales que ha venido aplicando Peña Nieto, vulnerando al país frente a las erráticas políticas económicas de Estados Unidos (EU) y a la tendencia creciente de las tasas de interés de la reserva federal, sin dejar de considerar la devaluación de nuestra moneda, que en 2013 era de 13 pesos por dólar y este 5 de agosto está en 18; el promedio de fluctuación es entre 18 y 21 pesos/dólar, entre más incrementa la deuda, se registra menor inversión, tanto pública como privada y extranjera.

Peña Nieto deja a las finanzas públicas en condiciones de alta vulnerabilidad, pues ha hipotecado al país, dado que nuestra economía es una de las que más ha afrontado crisis derivadas de las deudas. La inestabilidad macroeconómica está a la vuelta de la esquina, por ende, está en riesgo la estabilidad en toda la economía nacional.

Es imperiosa la necesidad de recuperar el bienestar social y disminuir la ofensiva desigualdad, lo que hace impostergable aplicar una política social para revertir el proceso de precarización salarial. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a lo largo de 30 años, el periodo neoliberal, la capacidad adquisitiva de los trabajadores cayó 80 por ciento, esto ha sucedido mientras que los más elevados salarios son para la burocracia dorada, magistrados, diputados y senadores, sumados a bonos, compensaciones y prestaciones de lujo. En tanto, en más de 10 millones de hogares mexicanos hay niños que solo comen una vez al día.

La precariedad también está en la informalidad laboral, que llega a niveles del 57 por ciento de la población económicamente activa (PEA), siendo cinco las entidades con más altas tasas: Oaxaca con 80.8 por ciento, Chiapas con 79.9, Guerrero con 77.2, Hidalgo con 75.2 y Puebla con 72 por ciento.

En el ámbito legislativo está el caso de nuestro querido estado de Hidalgo, donde la deuda muestra un crecimiento peligrosamente sostenido. En el año 2000 la deuda sumaba 175.2 millones de pesos, en 2017 llegó a 2 mil 11 millones de pesos y ahora el decreto promulgado por el Congreso local autoriza “al titular del Ejecutivo estatal para realizar operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda, la cual llega a más de 5 mil millones de pesos…”; se observa que la política de refinanciamiento, cuyo efecto es reducir la inversión e hipotecar las finanzas de la entidad, además de ser una práctica nacional, es ya una política estatal.

Hidalgo es una entidad que se distingue por su rezago social, económico y tecnológico que se evidencia con la gran desigualdad económica; 12 municipios aportan el 82 por ciento del PIB estatal, en tanto que 72 municipios están a nivel de autoconsumo. Contamos con recursos naturales y el talento de los hidalguenses para lograr un desarrollo económico sostenible, siempre y cuando se diseñe y aplique desde el Legislativo una política social, pero con el “madruguete” que dieron el 31 de julio, lo de la política social se ve cuesta arriba, dado que el artículo 98 de la reforma a la ley del Poder Legislativo del estado establece que “la presidencia de la junta de gobierno será ejercida en forma alternada y para cada año legislativo…”, no cabe duda que los que perdieron en las urnas seguirán luchando por reinstalar el neoliberalismo para evitar el sentido social en la función pública, “si la represión habla y la democracia muere”. ¿No lo cree usted?

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